FERNANDO GAREA

madrid. Estudia ampliar el plazo máximo de 40 días de internamiento de los ‘sin papeles’ Propondrá sacar la inmigración de la confrontación política, antes de las elecciones de junio La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, propondrá desde la próxima semana a todos los grupos parlamentarios un pacto sobre inmigración que incluye una nueva reforma de la Ley de Extranjería.

La número dos del Gobierno tiene previsto citar a todos los portavoces de los grupos, de forma separada, pero probablemente el mismo día.

En el orden del día se incluye un repaso a los principales proyectos legislativos que están en trámite y también el estudio de un catálogo de medidas sobre inmigración.

En ese catálogo, sobre el que trabaja aún el Gobierno, figura también el estudio de las reformas precisas de la llamada Ley de Extranjería. Así, el Ejecutivo se inclina por ampliar el plazo máximo actual de 40 días para la acogida de inmigrantes ilegales, como viene reclamando desde hace tiempo el Gobierno canario. Hasta los propios embajadores consideran que ese periodo es muy reducido y piden incrementarlo a seis meses.

Una vez pasado ese plazo es obligada la puesta en libertad de los inmigrantes , de tal forma que en muchas ocasiones no da tiempo de llevar a cabo los farragosos trámites necesarios para las repatriaciones.

La ronda tiene también por objeto escuchar propuestas de todos los partidos. De hecho, ayer mismo Coalición Canaria anunció que presentará la próxima semana una iniciativa parlamentaria en el Congreso, con un plan integral contra la inmigración irregular que también plantea una ampliación del tiempo de internamiento de los extranjeros y mayores penas para los patronos de cayucos, informa Europa Press.

A finales de agosto, la vicepresidenta pidió a los ministerios afectados propuestas sobre inmigración y, una vez estudiadas por el Ejecutivo, serán sometidas al resto de grupos.

Las medidas van encaminadas a lograr un frente común para conseguir el apoyo de la Unión Europea, el acuerdo de todas las comunidades autónomas para acoger inmigrantes , reformas legales, propuestas para agilizar la repatriación, proyectos de ayuda al desarrollo en los países de origen y mejora de los controles para evitar la contratación ilegal de sin papeles, entre otras.

En esa actuación concertada ante la UE, el PP puede influir ante otros partidos conservadores europeos. Ayer mismo, la eurodiputada del PP, Ana Mato, presentó en el Parlamento europeo dos enmiendas al presupuesto de la UE para 2007 para destinar más fondos a la asistencia de los inmigrantes ilegales que llegan a España.

El Gobierno quiere apoyo político para que desde nuestro país se lance el mensaje de dureza a los países de procedencia. El compromiso político del Ejecutivo, que ha situado a la inmigración como principal prioridad, es el de no volver a llevar a cabo más regularizaciones.

Mariano Rajoy pidió el pasado lunes que ese compromiso se concrete en una reforma legal. El Gobierno tiene dudas sobre la utilidad de incluirlo en una norma y considera que el acuerdo formal de todos los grupos puede servir para trasladar también ese mensaje que evite la llegada de inmigrantes irregulares.

De cara al exterior y pensando en países que como Senegal están mostrando muchas reticencias a colaborar con España, el Gobierno quiere mantener el mensaje de que todos los irregulares van a ser repatriados, fuera de la confrontación política. El Gobierno teme, no obstante, que el PP mantenga su desconfianza al acuerdo, sobre todo porque la inmigración puede convertirse en el principal argumento electoral en las municipales y autonómicas del mes de mayo.

En la ronda que la vicepresidenta primera mantendrá con los grupos parlamentarios estarán presentes también proyectos de ley que se encuentran en tramitación y para los que el Gobierno no tiene aún asegurado un respaldo. De hecho, Fernández de la Vega ha asumido el papel de interlocutora con los grupos parlamentarios.

Por ejemplo, se encargará de negociar la llamada Ley de Memoria Histórica que, por el momento, ha sido rechazada desde la izquierda y desde la derecha. Formalmente, aún no han empezado las conversaciones políticas sobre esta norma, pero el Gobierno da por hecho que podrá superar el primer trámite del debate de totalidad con el respaldo de CiU y del PNV.