La proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el niqab, apoyada por el PP, fracasó este martes en el Congreso, pero abrió … un debate lleno de aristas que interpeló a todos los grupos políticos. Junts, el partido que con su apoyo podía haber facilitado la aprobación de la propuesta, votó en contra no por el fondo, sino por su incompatibilidad total con quien la defendió, el partido de Santiago Abascal, y, de hecho, presentó una iniciativa propia del mismo tenor. Algo parecido ocurrió con el PNV, que tampoco respaldó el texto, aunque lanzó una iniciativa para crear de una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino. Pero la controversia no se quedó en los partidos de la derecha: llegó hasta el corazón del Gobierno y de los partidos de izquierda, que mostraron diferentes matices ante la prohibición de la prenda que cubre por entero a las mujeres y, sobre todo, se abrieron a estudiar las implicaciones de una medida que ya han tomado otros países europeos.

Durante el pleno en la Cámara baja, que se saldó con 170 votos a favor (PP y Vox), 177 en contra (todos los demás grupos) y una abstención, las dos formaciones de la derecha, en un momento político en que tratan de acercar posturas para pactar los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, coincidieron en la necesidad de vetar el uso del burka y el niqab. Para defender su propuesta, Vox utilizó una amalgama de argumentos, desde la libertad de las mujeres hasta la seguridad ciudadana pasando por el riesgo de que España pierda su identidad por «una inmigración de países islámicos incompatible con nuestra cultura». «Parece que el separatismo catalán prefiere una república islámica de Cataluña antes una España que defienda la dignidad y la libertad de la mujer. La invasión mata y la importación de determinadas culturas trae problemas de inseguridad y trae muertes», afirmó el presidente de la formación, Santiago Abascal.

En la misma línea se pronunció la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que se declaró «orgullosa» de defender una iniciativa que pretende «acabar con instrumentos de control» sobre las mujeres. «Quienes nos critican dicen que en España hay pocas mujeres tapadas y que por tanto, no se debe legislar. ¿Significa eso que cuando se ejerce la violencia contra las mujeres, si son pocas, no nos importa?», cuestionó Muñoz, que puso el ejemplo de las mujeres iraníes: «Cuando salieron a la calle para protestar contra el régimen de los ayatolás, no se quitaron los zapatos, se quitaron el velo, que es un símbolo de opresión».

Con el voto afirmativo de PP y Vox, solo hacía falta el apoyo de Junts para que la proposición de ley hubiera salido adelante. Pero el partido de Carles Puigdemont se negó, como ha hecho durante toda la legislatura, a avalar una iniciativa proveniente del partido de Abascal, al que califican de «anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña». «El posicionamiento de Junts es clarísimo: ni burka ni Vox», proclamó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que después se apoyó en motivaciones jurídicas para sostener su postura: «La ley de Vox no pasa ni un solo filtro europeo, por lo tanto, no se podría aplicar».

Pero Junts es un partido que siempre ha abogado, con iniciativas en los ayuntamientos catalanes y en el Parlament, por la prohibición del burka y del niqab, prendas que califican como «opresoras contra las mujeres», y que, además, tiene la presión de Aliança Catalana, una formación que presume de su islamofobia y con la que compite ferozmente por el mismo electorado. Por eso, Junts registró su propia propuesta en el Congreso, «rigurosa y que cumple los estándares europeos», explicó Nogueras, que retó a PP y Vox a votar a favor de esta proposición cuando se discuta en la Cámara baja.

También quieren dejar para más adelante el debate en el PNV, otro partido que este martes desechó la proposición de Vox más por la autoría y la forma que por el fondo. «Debemos debatir sobre la regulación de prendas que cubran el rostro, pero no con esta iniciativa, y siempre atendiendo a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», dijo el diputado nacionalista Mikel Legarda. Este tribunal respaldó en 2014 la prohibición francesa del velo integral con la tesis de que identificar individuos es necesario para la seguridad y la lucha contra el fraude de identidad. El PNV, sin embargo, adelantó que registrará una proposición no de ley para la creación de una subcomisión con expertos a fin de debatir de forma «serena» y «sin xenofobia» el uso de estas prendas.

En la izquierda, las posturas oscilaron entre la necesidad de un debate, como expusieron el Gobierno y el PSOE, y la crítica más acerba, la de Podemos, a la propuesta de Vox. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió no confundir un «debate constitucional» sobre el burka con el «debate racista» propuesto por Vox y la diputada socialista Andrea Fernández reclamó «un debate sereno lejos del odio al otro». «Pero no queremos para las demás mujeres lo que no queremos para nosotras», indicó. En cambio, Sumar, ERC y Podemos centraron sus críticas en Vox, al que acusaron de abrir la discusión de burka no por la dignidad de las mujeres, sino por «motivos ideológicos».