La proposición de ley registrada por la ultraderecha de Vox para prohibir el uso del nicab y el burka en espacios públicos apenas tenía cinco páginas y un solo artículo, pero ha desatado un debate de alto voltaje político que ha evidenciado, una vez más, la soledad parlamentaria de la ultraderecha y el singular respaldo del Partido Popular.

La iniciativa fue defendida por la diputada de Vox Blanca Armario, quien ha definido el burka como una “mazmorra textil” y el velo integral como una “práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa”. Desde la tribuna, ha enmarcado la propuesta en una ofensiva más amplia contra lo que ha calificado como “inmigración masiva” procedente de países islámicos. “España es Occidente. España no puede permitirse más inmigración. Y, mucho menos, una inmigración que no respeta nuestras normas culturales”, ha proclamado.

La norma planteaba prohibir expresamente el uso del nicab y el burka tanto en la vía pública como en espacios privados con proyección pública, con sanciones económicas aplicadas a través de la conocida como ley mordaza, con multas en grado medio – entre 10.401 y 20.200 euros – . No distingue entre el uso voluntario y la imposición por parte del entorno familiar, aunque sí contempla sancionar a padres o tutores que obliguen a su utilización.

Pese a las críticas habituales entre ambos partidos, el PP ha sido el único grupo que anunció su voto favorable. La diputada popular Ester Muñoz ha admitido que el texto es “imperfecto”, pero ha cargado contra la izquierda por mantener una posición que ha calificado de “indefendible”. “Son mujeres en cárceles de tela”, ha afirmado. “Es rara la semana que no me cruzo con una mujer completamente tapada por el centro de Madrid. El burka es un instrumento de control, un mensaje sobre el lugar que debe ocupar la mujer. En España la mujer no se somete a un marido, hermano o familia. Eso no es negociable”.

Rechazo de PNV y Junts

El apoyo del PP no ha alterado, sin embargo, la falta de mayoría suficiente para su admisión a trámite. Desde el Partido Nacionalista Vasco, el diputado Mikel Legarda ha considerado “desproporcionadas” y “discriminatorias” las sanciones planteadas, al dirigirse exclusivamente contra prendas islámicas. A su juicio, el texto “exacerba estereotipos” y fomenta la intolerancia.

En una posición intermedia se ha situado Junts per Catalunya. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha rechazado el texto de Vox pero ha anunciado el registro de una proposición propia para prohibir el burka y el velo integral en espacios públicos, obligando a descubrir el rostro ante la autoridad cuando sea necesario por motivos de identificación, seguridad o acceso a servicios públicos. Junts también reclama la delegación a Catalunya de competencias estatales en materia de seguridad e identificación. “Ni burka ni Vox. Ni velo integral ni extrema derecha. Tampoco miedo, tampoco complejos”, ha resumido, reivindicando una norma “a la catalana manera” y acusando tanto a la izquierda como a la derecha españolas de polarizar el debate.

Desde el PSOE, la diputada Andrea Fernández ha reconocido que indumentarias como el burka o el nicab “parten de lógicas machistas” y se ha mostrado abierta a un debate “serio y riguroso”. “No queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas”, ha afirmado. Sin embargo, ha advertido a Vox de que esa premisa “no abre la puerta al racismo, la xenofobia y el supremacismo”. Ha acusado a la ultraderecha de mezclar delincuencia e islam para alimentar la polarización y la “gasolina electoral”.

También desde la izquierda, la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya Pilar Valluguera ha criticado tanto el discurso de Vox como el de Junts, aunque ha admitido que a su formación tampoco le agradan estas prendas. Y Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ha reprochado a Vox que pretenda erigirse en defensor de la dignidad femenina mientras niega la violencia machista, subrayando además que el uso del burka es un fenómeno minoritario en el Estado.