Más de 70 organizaciones proinmigración han pedido a las instituciones de la Unión Europea (UE) que suspendan la tramitación del Reglamento de Retorno, la propuesta de la Comisión Europea para reforzar las expulsiones de personas migrantes en situación irregular.

La iniciativa, presentada oficialmente en marzo de 2025, forma parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo y busca, según el Ejecutivo comunitario, armonizar los procedimientos de retorno, aumentar su eficacia y reducir la permanencia irregular en la UE mediante normas comunes de identificación, detención y expulsión.

En una declaración conjunta, impulsada por la ONG PICUM y Médicos del Mundo, los firmantes alertan de que la nueva normativa europea amplía las redadas migratorias en espacios públicos y privados, refuerza el uso de tecnologías de vigilancia y podría obligar a los servicios públicos a colaborar con las fuerzas de seguridad.

Bajo los cambios de normativa recientemente propuestos por el Parlamento Europeo, se facilitará a los Estados miembros el envío de migrantes a centros en el extranjero, sin necesidad de una conexión de la persona con el tercer país. Además, la Eurocámara aprobó una primera lista de países de origen seguros que incluye a Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez.

Operaciones similares a las del ICE en EEUU
“Las redadas migratorias no son nuevas en Europa, pero este reglamento ampliará y normalizará el perfilado racial, la vigilancia en los servicios públicos y operaciones similares a las del ICE en Estados Unidos, incluso en hogares privados”, advirtió la directora de PICUM, Michele LeVoy, quien reclamó coherencia entre el discurso europeo sobre derechos humanos y las políticas internas de control migratorio.

A principios de marzo, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) votará un borrador sobre este reglamento que, según las ONG, incluye “medidas para detectar y detener personas indocumentadas en espacios públicos” propuestas por el Consejo de la UE.

Riesgos para la salud
Desde el ámbito sanitario, la representante ante la UE de Médicos del Mundo, Andrea Soler Eslava, señaló que “las leyes centradas en detectar y deportar según el estatus migratorio tienen un impacto directo en la salud”, ya que disuaden a mujeres embarazadas, menores y personas con enfermedades crónicas de acudir a servicios médicos, “lo que es inaceptable y supone también un riesgo para la salud pública”.

En un informe en el que analizan la propuesta, PICUM y Médicos del Mundo advierten que esta normativa supondría “riesgos graves e irreparables tanto para la salud individual como para la salud pública”, por lo que exigen una revisión con perspectiva sanitaria antes de su aprobación.