El Congreso de los Diputados afronta esta semana un debate que vuelve a situar en el centro de la discusión política la regulación del

burka y el niqab

en España, una cuestión que ha generado tensiones entre los principales partidos de la derecha y que, además, se produce en un contexto de creciente competencia electoral en territorios como Castilla y León.

La proposición de

ley orgánica

presentada por Vox, que será sometida a la toma en consideración del pleno, plantea la prohibición del uso de estas prendas en todos los espacios públicos y también en aquellos lugares privados que tengan proyección hacia un uso público, una fórmula amplia que busca limitar de manera efectiva la presencia del velo integral en la vida cotidiana.

El texto presentado excluye expresamente

el hiyab,

ya que este cubre únicamente el cabello y el cuello y que se considera una prenda de carácter religioso más extendida y menos restrictiva.

El Partido Popular ha confirmado que apoyará la iniciativa, un gesto que refuerza la sintonía entre ambas formaciones en este asunto y que, según su portavoz en el Congreso,

Ester Muñoz,

responde a la necesidad de centrarse en “las cuestiones que nos unen”.

El propio

Alberto Núñez Feijóo,

en una entrevista reciente, señaló que la propuesta de Vox constituye un ejemplo de defensa de la dignidad de las personas, especialmente en lo relativo al uso del burka. La exposición de motivos de Vox sostiene que la

“llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista”

obliga a los poderes públicos a actuar para evitar la normalización de prácticas que, según el partido, serían incompatibles con el modo de vida occidental y podrían suponer riesgos para la seguridad ciudadana.

La proposición contempla

sanciones económicas

de hasta 600 euros por el uso del burka o el niqab en espacios públicos, que podrían elevarse hasta los 30.000 euros en caso de reincidencia, además de penas de prisión de

hasta tres años para quienes impongan estas prendas

mediante coacción, intimidación o violencia, con agravantes si la víctima es menor o se encuentra en situación de especial vulnerabilidad.

El PP ya había fijado su posición en su Congreso Nacional del pasado verano, donde incluyó el rechazo

al burka y al niqab

en su ponencia política, argumentando que ninguna tradición puede justificar prácticas que invisibilizan a la mujer o limitan su autonomía.

Esta línea se ha reflejado también en iniciativas autonómicas, como la aprobada en el Parlamento balear, donde PP y Vox respaldaron una proposición no de ley para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos, frente al rechazo del PSOE y otros partidos de izquierda. Además, el debate obligará también a Junts a posicionarse en un momento delicado, marcado por el ascenso de

Aliança Catalana

, que ha hecho del discurso islamófobo uno de sus ejes principales.

La formación posconvergente ya se pronunció en mayo contra el burka, el niqab y cualquier tipo de velo en menores en espacios educativos, por lo que su voto será determinante para que la proposición supere el primer trámite parlamentario, aunque su recorrido posterior dependerá de la Mesa del Congreso, donde la izquierda mantiene la mayoría.

Una regulación que ya aplican varios países europeos

España se suma así a un debate que ya han afrontado varios países europeos como

Francia

que fue pionera en 2010 con la prohibición del velo integral en espacios públicos, una medida que posteriormente adoptaron

Bélgica, Austria, Dinamarca, Bulgaria y los Países Bajos

, entre otros, siempre bajo argumentos relacionados con la seguridad, la convivencia o la defensa de valores democráticos.

La discusión en el Congreso abre ahora la puerta a que España estudie una regulación similar, en un contexto político marcado por la pugna entre PP y Vox por liderar el discurso sobre inmigración, identidad cultural y seguridad.