El sindicato ELA ha presentado este lunes el informe ‘Estudios 56: a un paso de la pobreza’, en el que advierte de un aumento y « … consolidación» de la pobreza en Euskadi y Navarra pese al crecimiento económico y a que ambas comunidades autónomas mantienen uno de los PIB per cápita más altos del Estado. Según sus responsables, la riqueza se distribuye de forma cada vez más desigual: en los últimos años las rentas del trabajo han perdido 2,5 puntos del PIB, lo que evidencia, a su juicio, un trasvase hacia beneficios empresariales y rentas del capital. El resultado es una «sociedad a dos velocidades», según han asegurado en Bilbao Aitor Murgia, responsable de Políticas Sociales de ELA y Janire Landaluze, del Gabinete de Estudios, en la que una minoría acumula más recursos mientras crecen las dificultades para llegar a fin de mes.

Los datos reflejan un deterioro social significativo, según el informe. En Euskadi, la exclusión afecta a 259.000 personas y un 3,8% de la población – 84.000 personas – vive en exclusión severa. En Navarra, 88.000 personas se encuentran en situación de exclusión y la tasa de exclusión severa ha pasado del 2,6% en 2018 al 7,9% en 2024. Además, informes como el de Foessa sitúan en torno al 35% la población de Hego Euskal Herria que vive en integración «precaria», con dificultades en ámbitos clave como el empleo, la vivienda o el acceso a servicios públicos.

El informe subraya que el empleo ha dejado de ser un escudo eficaz contra la pobreza. En Euskadi, el 50,8% de las personas en exclusión viven en hogares con ingresos laborales; en Navarra, el 44,2%. A ello se suma el impacto de la vivienda: el 11% de la población – unas 320.000 personas – cae por debajo del umbral de pobreza tras pagar los gastos asociados al alojamiento. Para ELA, el encarecimiento residencial se ha convertido en un factor estructural de desigualdad que empobrece incluso a quienes trabajan.

La pobreza tiene, además, un marcado sesgo social, según el estudio. En Euskadi, la tasa de exclusión entre personas migrantes alcanza el 40,7%, cinco veces más que entre la población autóctona. También golpea con mayor intensidad a los hogares encabezados por mujeres, con una tasa del 15,4% frente al 10% de los encabezados por hombres, y afecta al 19,9% de los menores. El sindicato alerta así de un proceso de «cronificación» que se ceba especialmente con colectivos vulnerables y consolida brechas de género y origen.

En cuanto a los sistemas de garantía de ingresos, ELA sostiene que no están respondiendo con la intensidad necesaria. La RGI en el País Vasco «arrastra los recortes aplicados en 2012 y solo llega al 75,5% de las personas en riesgo de pobreza real». El sindicato propone revertir los recortes y volver a vincular estas prestaciones al salario mínimo.

Como respuesta estructural, ELA plantea una reforma fiscal «progresiva, elevar la inversión en vivienda hasta el 2% del PIB, reforzar los servicios públicos y establecer un salario mínimo propio de 1.500 euros para Euskadi, que beneficiaría directamente a unas 160.000 personas trabajadoras». A su juicio, solo un reparto «más justo de la riqueza permitirá frenar la expansión y consolidación de la pobreza en un contexto de crecimiento económico que, por ahora, no está llegando a todos».

están afectadas por la exclusión en Euskadi, según ELA.