En plena disputa presupuestaria en el Congreso sobre el Departamento de Seguridad Nacional y tras el anuncio de la retirada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Minnesota, en otro caso de violación de derechos básicos, se ha revelado que a miles de detenidos por sus agentes en ese estado no se les permitió comunicarse con un abogado, un derecho básico al ser arrestados.

Nancy Brasel, jueza federal de Minnesota, determinó que, durante la tormentosa operación Metro Surge, los agentes del ICE habían vulnerado los derechos constitucionales de un gran número de detenidos. En un procedimiento del todo atípico, inmediatamente después de ser arrestadas, las personas eran trasladadas a instalaciones migratorias en otros estados, negándoseles cualquier tipo de comunicación. Esto impedía que pudieran contactar con un abogado en el plazo legal de 24 horas tras su detención. Por ley, se les debe garantizar la posibilidad de un letrado de forma gratuita y confidencial.

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Una muestra clara de ello fue el sonado caso del arresto arbitrario del menor Liam Conejo Ramos y su padre, quienes contaban con una solicitud de asilo activa y fueron enviados, en cuestión de horas, al otro lado del país, a un centro de detención en Texas.

El ICE alegó que no contaba con recursos suficientes para garantizar este derecho a todos los procesados, si bien se trata de la agencia de seguridad con mayor presupuesto de Estados Unidos, con 85.000 millones de dólares a su disposición en el 2025.

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El recurso judicial fue presentado por la fundación Democracy Forward en representación de los detenidos. La jueza emitió un fallo a su favor y ordenó al ICE garantizar los derechos básicos, algo que, en una democracia, no debería ser necesario exigir. «Los demandados no pueden carecer repentinamente de recursos cuando se trata de proteger los derechos constitucionales de los detenidos», dictaminó Brasel.

Las horas pasan y el cierre parcial del Gobierno es cada vez más inminente. Se iniciaría en las primeras horas de este 14 de febrero y afectaría a más de 260.000 empleados federales. Hasta ahora, el Senado aún no ha dado su visto bueno al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE. Los legisladores rechazaron la propuesta de la Casa Blanca, exigiendo mayor regulación sobre el servicio migratorio, como la obligación de mostrar el rostro, portar cámaras corporales y utilizar órdenes judiciales durante detenciones y allanamientos de viviendas.