La próxima regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España es el resultado de seis años de lucha del movimiento Regularización Ya. Como cuenta Laura Menna, del comité de Gran Canaria, «el movimiento surgió en 2020 a raíz del confinamiento, cuando se dio la situación de que muchas personas migrantes sin papeles resultaron ser trabajadores esenciales que no paraban», que no podían, pero que quedaban fuera del sistema de protección del estado de bienestar. 700.000 firmas ciudadanas después, una PNL (Proyecto no de ley) que no prosperó y una ILP (Iniciativa legislativa popular), finalmente será mediante Real Decreto la articulación legal. El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que permitirá a cientos de miles de personas en situación irregular solicitar autorización de residencia y trabajo entre abril y junio de 2026. Las cifras que se manejan apuntan a que de 500.000 a 700.000 personas podrían iniciar el proceso, de ellas unas 50.000 en Canarias.

Así que ahora lo que se comienza a constatar es el éxito de los movimientos de base, colectivos de migrantes y antirracistas. El proceso ha sido largo debido a «las burocracias internas del Congreso, circunstancias electoralistas y partidistas la iban retrasando, ninguneando, hasta llegar al momento presente», cuando finalmente se ha logrado un acuerdo en el Gobierno central.
Pero tras la euforia inicial del anuncio ha llegado el llamamiento a la calma. Recuerda Laura Menna que ahora mismo lo que hay es un borrador de la propuesta. «Tenemos que tener cautela y esperar a que se materialice el texto definitivo, porque hay muchos detalles que no sabemos todavía». Finalizado el pasado 6 de febrero el periodo de alegaciones de audiencia pública, y una vez que se recojan y se tengan en cuenta o no las alegaciones que se presentaron, se elaborará el texto definitivo que se espera que salga en abril.

El borrador del texto de regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya están en España indica que será en abril cuando se puedan empezar a presentar las solicitudes, hasta el 30 de junio, en principio. «Estamos en ese momento, a la espera de ver cómo se va a concretar exactamente», señala Menna.

La representante de Regularización Ya no quiere aventurarse a dar cifras sobre cuántas personas pueden beneficiarse. «Soy muy mala para las cifras y las desconozco, porque además siempre que hablamos de personas sin papeles son cifras estimadas, primero porque todo lo que sea información del Ministerio del Interior es bastante difícil de acceder y bastante oscura. Y porque la gente que está fuera de los radares sociales también es difícil de contabilizar».

En cuanto al llamamiento a la tranquilidad, obedece a que se han detectado algunas operaciones sospechosas de estafa o de lucro. «Nos han llegado muchos testimonios de personas que están pagando dinero, a abogados o gestores, no lo sé exactamente, que les prometen que ya les van a iniciar el trámite y que ya les van a, digamos, tramitar la solicitud, cuando eso de momento es imposible, no hay ningún abogado que lo pueda hacer». Claro que es «legítimo» que la gente se movilice ante el anuncio de regularización y quiera agilizar los trámites. Pero recuerda Menna que «hay que esperar a la publicación en el BOE», no solo para conocer los detalles, sino para que esté abierto realmente el procedimiento.

Para evitar la desinformación, recomienda sólo informarse a través de organismos oficiales. Por su parte, Regularización Ya está desarrollando charlas informativas en las islas. Además, hay trámites que se pueden ir adelantando: pasaporte en vigor, certificado de ausencia de antecedentes penales; y acreditación de permanencia anterior al 31 de diciembre de 2025 (padrón, asistencia médica, huella digital).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado un documento informativo para dar salida a las preguntas que han surgido en torno al proceso de regularización de personas migrantes residentes en España. Partiendo de la base de que se trata de garantizar derechos y dar seguridad jurídica, la regularización «reconoce y dignifica a quienes ya viven entre nosotros». Y para ello «tomamos el camino que nos ha marcado la iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso (310 votos a favor y 33 en contra)».