La debilidad de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados del Gobierno de Pedro Sánchez, sometido a una constante aritmética para sacar adelante cada iniciativa y con otro año más sin Presupuestos Generales del Estado, se ha trasladado a la pugna política en la periferia. En ese contexto, el debate territorial gana peso y, en el caso de Canarias, se enmarca en un pulso creciente con el Estado.

Rebajada ya la tensión por la reubicación de menores migrantes no acompañados tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, el foco político ha virado. El decreto Canarias impulsado por el Ejecutivo de Fernando Clavijo y la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda han pasado a ocupar el centro del tablero.
Atrás quedaron los días en que Canarias se quejaba de que el Estado no cumplía con las islas y tampoco con los autos del Supremo. Aún hoy hay «conatos» a cuenta de las cifras o de interpretaciones sui generis que hacen creer que el Supremo ordenó «sacar» a los menores de las islas para evitar su hacinamiento en los centros canarios cuando lo que pidió fue que se incluyeran en recursos del sistema de acogida.

Ahora el decreto Canarias y la financiación condensan el choque entre el Gobierno autonómico y el central y sirven, además, de campo de batalla entre partidos en la antesala del último tramo de la legislatura en las islas.

Un ejemplo claro se vio en el último pleno del Parlamento de Canarias. El miércoles, en la segunda sesión, se debatieron sendas proposiciones no de ley (PNL) sobre el nuevo modelo de financiación que propone el Ministerio de Hacienda. Una, presentada por Coalición Canaria (CC), salió adelante con los votos de los grupos que sostienen al Ejecutivo regional —Partido Popular (PP), Asamblea Socialista Gomera (ASG) y Grupo Mixto (Asamblea Herreña Independiente, AHI)— y en ella se criticaba el modelo planteado por el Gobierno central al entender que no garantiza un trato justo para el archipiélago ni reconoce adecuadamente sus singularidades. La otra, defendida por el PSOE, destacaba que el valor de la propuesta estatal reside en que se trata de una revisión integral del sistema articulada sobre principios «técnicamente indiscutibles».

El debate, sin embargo, trasciende lo técnico. La propuesta de Hacienda es, de momento, un documento de bases. Las comunidades autónomas rehusaron abordarlo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera después de que el Ejecutivo central mantuviera una reunión bilateral con Cataluña la víspera del encuentro y esta aceptara el cambio de planteamiento. Ese gesto fue interpretado por varios gobiernos autonómicos como un movimiento político previo que desdibujaba el carácter multilateral del órgano.

La lectura política es inevitable. Cataluña es una de las comunidades que más aporta al sistema y una de las que considera que menos recibe en proporción a su esfuerzo fiscal. Si el nuevo esquema satisface parcialmente sus demandas, otras regiones temen que la redistribución de recursos pueda perjudicarlas. En territorios como Canarias, con un régimen económico y fiscal propio reconocido y condicionado además por la lejanía y la fragmentación territorial, la financiación se analiza siempre bajo el prisma del equilibrio interterritorial y del coste real de prestar servicios en un territorio ultraperiférico.

En paralelo, el denominado decreto Canarias —con el que el Ejecutivo autonómico pretende blindar partidas estatales vinculadas a la agenda canaria y a compromisos previos del Estado— ha elevado el tono político. Para CC, se trata de garantizar recursos imprescindibles ante emergencias estructurales como la habitacional, la hídrica o la energética, además de compensar retrasos en transferencias comprometidas. Para el PSOE, el planteamiento responde más a una estrategia de confrontación que a una necesidad jurídica real y plantea su propio decreto para Canarias.

La coincidencia temporal de ambos debates no es casual. Con la cuestión migratoria en segundo plano tras meses de máxima tensión institucional, el eje del discurso se desplaza hacia la financiación y el cumplimiento de compromisos económicos. Es un terreno menos emocional, pero igualmente sensible para el electorado, porque afecta a servicios públicos, inversiones y capacidad de gasto.

En ese marco, los partidos encaran la recta final de la legislatura en clave preelectoral. El Gobierno canario busca presentarse como defensor firme de los intereses del archipiélago frente a Madrid, y trata de envolver en ese paquete al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE en Canarias y previsiblemente nuevamente rival de Clavijo por la presidencia de Canarias. Liderazgo, hay que recordar, que revalidó en las últimas elecciones aunque el acuerdo entre CC y PP impidió repetir a Torres como presidente autonómico.

Y mientras, el PSOE trata de proyectar la imagen de que la negociación es el camino para mejorar el encaje financiero sin romper consensos. Los socialistas defienden la acción de un Gobierno de España que «no olvida a Canarias», y ponen de ejemplo, entre otros, el compromiso sostenido con La Palma tras la erupción del volcán.

El PP, socio de CC en las islas pero oposición en el Estado, acompasa su discurso al equilibrio entre ambos frentes y, de la misma forma que aún CC no critica al PP, los conservadores lanzan sus huestes contra el PSOE.

Nueva Canarias (NC), por su parte, parece el espectador necesario, pero con el bloque canarista la batalla es otra y parece girar en quién trae «más perras» de Madrid a Canarias. Por eso desde CC se prefiere la «disolución» de NC, idealmente fagocitada por Primero Canarias, formación de reciente creación escindida de Nueva Canarias, que a su vez se escindió en el 93 de CC.

Y más a la izquierda, Podemos empieza a asomar la cabeza reclamando la unidad progresista para que pueda darse un nuevo pacto de las flores en el archipiélago. Unión que no pudo darse precisamente por la escisión de Sumar de Podemos. También en la derecha hay movimientos, aunque de momento insulares. Unidos por Gran Canaria —que nació de una escisión del PP— quiere acercarse a CC en la isla.
El gran olvidado en todo ello es el partido ultraderechista Vox, que como se ha visto ha dado la campanada tanto en Aragón como en Extremadura poniendo en serios problemas al PP. Y es que Vox podría poner en peligro eso de que en las islas se puede gobernar cómodamente siendo el segundo (CC) si te unes con el tercero (PP).