España se ha convertido en un verso libre en materia migratoria en Europa. El paso dado por el Gobierno español para la regularización de medio … millón de migrantes cuenta con las reservas de la Comisión Europea y contrasta con el endurecimiento de las políticas migratorias del resto de países del bloque comunitario. Bruselas muestra sus reservas por la medida anunciada por el presidente Pedro Sánchez y su posible encaje con la estrategia europea en esta materia.

En su intervención ante la Eurocámara, el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, (que pertenece al Partido Popular Europeo) advirtió de que «un permiso de residencia no es un cheque en blanco» y destacó que España «deberá asegurarse» de que su proceso para regularizara medio millón de personas no tiene «consecuencias negativas» para el resto de la UE.

Por supuesto existen precedentes europeos a la medida anunciada por España. El Gobierno de Giuseppe Conte llevó a cabo una regularización de migrantes a gran escala en 2020. En ese mismo año, Portugal durante el mandato del socialista António Costa regularizó por la vía rápida a todos los migrantes que tenían pendiente su permiso de residencia durante la pandemia del covid. Y en 2023, el Parlamento griego también aprobó dar permiso de residencia y trabajo a unas 30.000 personas por la falta de mano de obra en el país.

En los últimos años, sin embargo, se ha impuesto la mano dura entre los Veintisiete. En Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha reactivado la deportación de migrantes a Albania; y Alemania ha paralizado los cursos de integración obligatorios para los solicitantes de asilo, lo que –en la práctica– paraliza los procesos de admisión.

Los países nórdicos, con una gran tradición de acogida, tampoco se quedan atrás. Dinamarca ha presentado una reforma migratoria que permitirá deportar a los extranjeros con condenas de un año de prisión o más. La iniciativa incluye también incentivos para que terceros países colaboren y desde 2009, el Gobierno danés ofrece unos 13.400 euros a los ciudadanos de «países no occidentales» si renuncian a su residencia legal y abandonan su territorio. Suecia también ha endurecido el acceso a la nacionalidad: harán falta ocho años de residencia legal, ingresos mensuales de al menos 2.000 euros y «una conducta honrada» para obtener la ciudadanía.

A nivel comunitario, el Parlamento Europeo ratificó esta semana la creación de una lista de terceros países seguros para la UE y las normas para que sean considerados seguros. Con esta decisión, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez serán considerados seguros para sus propios nacionales.

Los solicitantes de asilo de estos países deberán demostrar un temor fundado a ser perseguido o a sufrir daños graves para lograr el estatus de refugiado, lo que dificulta su acceso a esta protección. Esta medida también abre la puerta a establecer acuerdos a nivel bilateral o europeo con las autoridades de estos estados para la admisión de solicitantes de asilo, siempre que no sean menores no acompañados.

Los Veintisiete ya dieron en diciembre su visto bueno a la directiva de retornos europea, que agiliza las deportaciones de aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas y avala la creación de centros de deportación ubicados en terceros países considerados «seguros» por el bloque. Un acuerdo que respalda el ‘modelo Meloni’ y que no gustó a España ya que reduce las reubicaciones y el Fondo de Solidaridad para compensar a países tensionados como el nuestro. Además, Polonia, Austria, Croacia, Chequia y Estonia han recibido la autorización europea para no aceptar reubicaciones y evitar pagar ninguna compensación económica.

Fuera de la UE, pero aún en territorio europeo, Suiza votará en junio en referéndum una iniciativa antiinmigración de la ultraderecha para limitar la población a 10 millones y anular el acuerdo de libre circulación de personas con el bloque comunitario. Desde 2014 el país ya aplica cuotas de entrada a los europeos, que actualmente suponen una cuarta parte de los ciudadanos del país alpino.

En Reino Unido, el Gobierno del laborista Keir Starmer también ha endurecido sus políticas migratorias para tratar de frenar el auge de la ultraderecha en el país. En los últimos años, se ha extendido el periodo mínimo de estancia en Reino Unido para poder obtener la residencia permanente (hasta los 20 años en algunos casos).