Desde que en noviembre la Ertzaintza comenzó a informar de la procedencia de sus detenidos ante la «presión» que Bingen Zupiria recibía desde determinadas esferas, … ha vivido las semanas más delicadas como consejero de Seguridad. Al margen de la polémica, se está reuniendo con municipios para lograr una mayor coordinación policial.

– Empecemos por la que probablemente sea su decisión más controvertida, como es revelar la procedencia de los delincuentes en las comunicados de la Ertzaintza. ¿Qué pretendía con ello?

– Quiero recordar que no fue una sola decisión. Por una parte nos comprometimos con las instituciones a publicar de forma trimestral una tabla estadística que informará de los delitos, donde indicaremos una serie de datos que nos parecen relevantes: la edad, el tipo de delito, el género y también la procedencia. Esos son datos que antes trimestralmente aportábamos al Ministerio del Interior y aportábamos también al Eustat y Emakunde, y estos, a su vez, publicaban en sus diferentes portales. Ahora también vamos a tener un portal estadístico para dar esa información trimestral. Y la segunda tiene que ver con los datos de los presuntos autores de un delito y sus víctimas en las notas de prensa que publica la Ertzaintza: la edad, el género, la procedencia geográfica, y en el caso de los autores, si cuentan o no con antecedentes penales.

– ¿Y qué les llevó a esa decisión?

– Principalmente, la presión a la que nos hemos visto sometidos en el Parlamento Vasco, donde hay fuerzas políticas que de forma recurrente e insistente nos solicitan información sobre el origen de las personas detenidas. Como Gobierno tenemos la obligación de facilitar esta información a los grupos, y estos, además de recibirla, se la pasan a algunos medios de comunicación que terminan publicándola. Y hay medios que publicaban esa información antes de que nosotros tomáramos esa decisión. Entonces, si los medios deciden que una información tiene un interés público, creemos que por transparencia nuestra obligación es facilitar esa información.

– ¿Le ha sorprendido la polémica? ¿Se arrepiente de algo?

– No me ha sorprendido. Sé que es un tema polémico y me esperaba el debate que ha habido. No solo aquí, también en Cataluña, donde los Mossos van a empezar a dar esa información. Se me puede preguntar por las Policías locales, pero ningún ayuntamiento tiene la presión del Parlamento que tenemos nosotros. En los ayuntamientos no está Vox. Y por acabar, la Ertzaintza no informa de todas las infracciones de las que tiene conocimiento, sino de aquellas que son las que mayor preocupación generan en la sociedad; principalmente homicidios y tentativas de homicidio, robos con intimidación contra personas, robo con fuerza en una vivienda o anexo, venta y tráfico de drogas y, en ocasiones, estafas.

– Durante dos décadas había una especie de consenso general para no informar de las procedencias para evitar estigmatizaciones…

– ¿A quién se refiere? ¿Al Departamento de Seguridad o los medios de comunicación? Porque igual resulta que algunos medios sí publicaban esa información que no facilitaba el Departamento de Seguridad. Esta semana he visto en dos periódicos de Euskadi información sobre la nacionalidad de algunas personas que no ha facilitado el Departamento. Y hay que decirlo, porque este es el contexto en el que nos movemos. Hay una presión política que antes no se daba y que afecta especialmente a Vox pero también al Partido Popular, la presión de los medios y algunos periodistas, y luego la gente ve lo que pasa y quiere confirmar lo que está habiendo. Por eso, creo que es bueno que todos tengamos toda la información. Si en lo que va de año la Ertzaintza ha aclarado tres casos de homicidios en Euskadi, creo que indicar que los presuntos autores de esos tres homicidios tienen una determinada nacionalidad, que puede ser latinoamericana, europea, o vasca o española, indica que no pertenecen a otras comunidades, que son las que estamos estigmatizando y prácticamente haciéndolas autoras de todos los delitos que se cometen. O sea que nuestra decisión también tiene la intención de evitar la estigmatización de algunas comunidades que se está produciendo. Porque cada vez que nos hablan de una infracción o de un delito, automáticamente mucha gente piensa que son los de siempre. Y a esto también hay que hacerle frente.

– ¿Hay algún origen sobrerrepresentado en algún tipo de delito?

– Me gustaría separar inmigración y delincuencia o seguridad. La sociedad vasca nos está exigiendo que seamos muy duros con quienes cometen delitos, sobre todo los más graves o que más afectan a la sociedad o a su percepción, independientemente del origen. Y por otra parte, vivimos un cambio social: hace 20 años las personas de origen extranjero eran el 4% de la sociedad vasca, y ahora, el 14%. Es un gran aumento en poco tiempo, y nuestra sociedad está haciendo una digestión muy complicada. Y conlleva una presión sobre los sistemas públicos: educación, vivienda… Afortunadamente, estas personas también aportan a la Seguridad Social, empleo en sectores que las personas de aquí no queremos tener. Esta digestión tiene efecto en la convivencia, que no solo es seguridad.

Y tras esta separación, creo que para hacer frente al aumento de algunos delitos y a la alarma que crean, como los homicidios, las lesiones, los robos en los que a uno le amenazan para quitarle una cadena o una cartera, los robos en domicilios o trasteros y las estafas, creo que eso exige que tengamos un análisis muy preciso de la identidad de las personas que los cometen y tengamos una actuación quirúrgica para sacarlos de la calle.

– Esa controversia se vive dentro del PNV, porque Donostia ve apropiado informar del origen de los detenidos, y municipios como Bilbao o Barakaldo, no.

– Nosotros hemos adoptado una decisión sobre la Ertzaintza por unas circunstancias que no se dan en las Policías locales, ya que informamos diariamente de delitos, cosa que no sucede en muchos ayuntamientos. Es una decisión que nos incumbe a nosotros. A partir de ahí entiendo que es un tema polémico, pero cada municipio tiene sus circunstancias y no soy nadie para juzgarlas.

– ¿Le ha dolido esa discrepancia dentro del propio PNV?

– No, porque veo lo que está pasando en todas partes, veo cuál es el debate que hay y asumo el debate y sus consecuencias.

– En las últimas semanas se ha reunido con varios ayuntamientos. ¿Con qué fin y talante?

– En primer lugar, las instituciones debemos ser muy claras en nuestras exposiciones y estar muy cerca de la realidad, porque en esto de la seguridad inciden los datos pero también la comunicación. Y en segundo lugar, y más importante, ver cómo podemos mejorar la coordinación entre Ertzaintza y Policías locales. En todas las reuniones constato una voluntad por parte de los ayuntamientos de estrechar esa relación con la Euskal Polizia. Y estamos trabajando en tener compromisos de coordinación y colaboración, donde se establezca cuál va a ser la función de la ‘euskal’ y la Policía local.

– ¿Qué percibe en municipios y comarcas con mayoría Bildu?

– Por ahora hemos tenido 15 encuentros en comarcas diferentes, con participación de más de 600 personas. Una de las claves que estamos obteniendo es el tema de la seguridad. O sea, primero, la gente entiende que la seguridad tiene que estar empastada con la libertad y con la protección de los derechos humanos. Los países más inseguros son aquellos en donde no hay democracia ni libertad. Y otra cuestión que está apareciendo es que trabajar por la seguridad y la convivencia exige una actuación que vea la seguridad como algo integral en el que intervienen muchos agentes y factores, no sólo la acción policial. Vivimos en un sistema de libertades donde existen tres patas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y es necesaria la colaboración de todos. La Ertzaintza o las Policías locales por sí solas no van a poder hacer frente a esta cuestión, que supera el ámbito del delito. Estamos hablando de situaciones en las que hay personas desarraigadas que viven en la pobreza más absoluta y no tienen qué comer. Algunas de estas personas roban, pero hablamos de gente que ha venido a vivir entre nosotros y que aspira a tener un modo de vida mejor. No son delincuentes. Y hay que gestionarlo bien.

– ¿La coordinación con las Policías locales es la deseada?

– Me voy a remitir a Gipuzkoa, y la relación Ertzaintza – Policías locales siempre es mejorable pero es muy buena. Me refiero a municipios de una entidad por su población: Irun, Donostia, Zarautz, Beasain, Lazkao… Las Policías locales se han reforzado mucho estos últimos 10 – 15 años, con más efectivos y competencias, y el gran reto es poder compartir medios, información, espacios… que van a redundar en una mejor respuesta a las exigencias del ciudadano. Hay dos experiencias piloto interesantes. Una en Donostia, donde se realizan en algunos momentos patrullas conjuntas y existe una coordinación muy efectiva, y próximamente se va a traducir también en espacios de atención al público conjuntos. Trabajamos ya en la comisaría mixta de Egia y es muy probable que compartan otro espacio en la estación del Norte que nos ha ofrecido Adif y más adelante en Beasain.

– ¿Qué plazos manejan?

– En la estación del Norte, para finales de año. Y la de Egia, a mediados del que viene. Darán servicio al barrio, la estación, los juzgados, Tabakalera…

– Esta semana, los sindicatos ErNE y Esan han criticado otra vez las «condiciones indignas» en las que se convive en la comisaría de Ondarreta por las obras.

– Soy consciente de que tenemos una situación un poco complicada en la comisaría de San Sebastián, donde se inició una obra encima del propio edificio y se ha intentado mantener la actividad al mismo tiempo y ha generado más problemas de los esperados. Eso hizo que algunas de las funciones se trasladaran a la central de Oiartzun, y otras se alojaran en unos módulos instalados al lado de la comisaría que están a la intemperie, y la lluvia, la hojarasca, la suciedad tienen consecuencias en esas instalaciones. Lo lamento, y a ver si podemos terminar cuanto antes esta obra y volver a la normalidad. Y quiero agradecer el buen talante de los agentes que trabajan ahí.

– ¿Cómo explica la rebaja de la exigencia que eleva del 8 al 59% los aprobados en la OPE de la Ertzaintza? ¿Qué ha fallado?

– La OPE terminará cuando finalicen las cuatro pruebas que marcan esta fase. En estos momentos se están examinando y vamos a seleccionar a las personas que recibirán la formación en Arkaute durante nueve meses; de esas saldrán las personas que realizarán un año de prácticas antes de convertirse en funcionarios de la Ertzaintza. Es importante tener en cuenta este proceso de formación. La OPE anterior terminó con el 19% de aprobados tras dos primeras pruebas. Ahora han sido en torno al 35%. No son cifras altas, lo que nos debe llevar a insistir en la idea de que el trabajo de policía es un trabajo que facilita a una persona un acceso a la función pública para toda su vida en condiciones que creo que son buenas. Eso sí, exige una preparación y un estudio que creo que en ocasiones no se da. Debemos seguir siendo exigentes.

– ¿Se va a alcanzar el reto de 8.000 ertzainas para 2030?

– Si todo va según lo previsto y no tenemos sustos con alguna impugnación, deberíamos acabar 2026 en torno a 7.300 agentes y para mediados de 2027, sobre los 7.500. Y así hasta llegar a 8.000 en 2030.