El plan para regularizar a 500.000 migrantes que ya residen en España anunciado por Pedro Sánchez a principios tendrá su clímax según la estimación de la Policía Nacional en el mes de abril, fecha en la que, en teoría, comenzará a materializarse. La falta de información con la que se ha lanzado un plan de esta envergadura y el hecho de que el Ejecutivo no haya buscado la opinión de los expertos, continúa reuniendo severas críticas en el Cuerpo y recelos en cuanto a la manera de poner el programa en práctica.

La principal polémica que denuncian los agentes es la ausencia de los recursos necesarios para abordar una regularización que se prevé masiva y cuya estructura ha empezado a mostrar sus primeras grietas. Sucedió en Alicante, a las pocas horas del anuncio. Cuatro hombres se presentaron en la Comisaría de la ciudad para informarse del proceso y entregar el certificado de antecedentes penales de su país de origen: Argelia.
Según la documentación que aportaron, no tenían ningún procedimiento policial ni judicial pendiente. Sin embargo, los agentes de la la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) dedicada a perseguir la trata de seres humanos y la inmigración ilegal y que será la unidad que custodiará el proceso detectaron que la documentación que presentaron era falsa. Lo supieron tras mandar el certificado a Argelia a través de la Interpol. La respuesta que recibieron fue que habían delinquido allí. Fueron detenidos por falsedad documental y un juzgado de Alicante ya ha abierto un procedimiento. Y precisamente, el tiempo y la dedicación que requiere este tipo de comprobaciones es lo que ha activado la alarma en la Policía, que tiene la vista puesta en el mes de abril, cuando prevé un «aluvión» de solicitudes.

Destacan que pudieron realizar el trámite porque sólo eran cuatro hombres pero alertan de que cuando aumente el número de usuarios para acogerse al proceso de regularización una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la plantilla será «insuficiente» para asumir este tipo de situaciones. «Hacerlo como hay que hacerlo para que nadie engañe ni falsifique nada requiere tiempo y muchas comprobaciones», razona uno de los agentes consultados por este periódico.
Los policías destinados a las unidades de Extranjería y Fronteras son los que más sufrirán las consecuencias puesto que serán ellos quienes tendrán que hacer frente a la tramitación «masiva» de las solicitudes de autorización de residencia, certificar trámites administrativos, comprobar las identidades y, la principal: descartar los antecedentes penales. Aseguran que esta «mayor carga de trabajo» podría llegar a ser «letal» para equipos que ya están saturados de por sí en todo el territorio nacional.

En el organigrama de la Comisaría General de Extranjería, al margen de la UCRIF, también se entroca el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). El anuncio de la regularización masiva registró más incidentes en Alicante. El Consulado General de Argelia en la ciudad se colapsó. Cientos de personas, la mayoría en situación irregular, se concentraron desde primeras horas frente a la sede diplomática, provocando momentos de tensión y desorden que obligaron a la intervención de la Policía Nacional y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Más de 200 ciudadanos argelinos esperaban ante el consulado, tras pasar la noche al raso, para intentar conseguir la documentación necesaria para cuando, en abril, tal como anunció el Gobierno, se inicien los trámites. Entre los requisitos, destaca el certificado de antecedentes penales emitido por el país de origen, algo que sólo puede gestionarse presencialmente en el consulado. El sistema consular, que no permite citas previas, agrava la situación y fomenta las aglomeraciones.

El Ejecutivo estima que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril, una vez se haya cubierto la tramitación del Real Decreto, y el plazo quedará abierto hasta el 30 de junio. La Administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, algo que a la Policía le parece «casi imposible» en caso de que no se aumenten o refuercen las plantillas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reconoció que todavía queda «preparar el engranaje» para que el procedimiento sea «ágil» y un «éxito».

Aún no ha dado detalles concretos sobre los lugares de presentación de las solicitudes, aunque deslizó entre las opciones oficinas de la Seguridad Social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la vía telemática.

El sindicato policial Jupol critica el diseño de esta política migratoria mal planificada». Así, sostiene que el acuerdo provocará un «efecto llamada» y advierte de que será utilizado como un «argumento comercial» por las organizaciones criminales, que, tal como asegura, «utilizan precisamente las expectativas de regularizaciones futuras para convencer a miles de personas de emprender viajes extremadamente peligrosos, lucrándose con su desesperación y poniendo en grave riesgo sus vidas».