Las inmobiliarias de Gipuzkoa no eluden cierta cuota de responsabilidad en aquellas situaciones de «discriminación residencial» que puedan darse en el día a día, y … que acaban por limitar el acceso a una vivienda a personas migrantes por razones de origen. Pero entienden que se trata de «una responsabilidad compartida» en la medida en que son «la correa de transmisión» de los propietarios que fijan las reglas de juego en los contratos de arrendamiento. Piden además «una mirada amplia» para entender que todo ello ocurre en un contexto marcado por la «extraordinaria» complejidad de la situación del mercado actual.

Pese a todo, José Luis Polo, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (COAPI), no se anda con rodeos. «Que una persona no pueda acceder a una vivienda por su origen es un fracaso social», dice sin medias tintas. Reflexiones que traslada el experto un día después de hacerse eco este periódico de la larga travesía en el desierto que tuvo que atravesar Yahya Aaboud para acceder a una vivienda de alquiler. El marroquí, vecino de Irun, llegó a recibir en un año el no por respuesta de una veintena de inmobiliarias del territorio. Una «discriminación residencial» motivada por su origen que acabó llevando a los tribunales.

Para el presidente del Colegio se trata de «una injusticia manifiesta» que tiene lugar en un escenario muy concreto, con un mercado de alquiler de la vivienda «inexistente» que se encuentra «en una situación muy grave» desde un punto de vista estructural. «Le podemos echar la culpa a los arrendadores, a las inmobiliarias, pero la realidad es que hay muy pocas viviendas y el marco legal que nos ha impuesto el gobierno, se quiera o no, fomenta este tipo de situaciones», sostiene el socio fundador y director de Okados Inmobiliaria.

Sobrevuela por todo ello una «inseguridad jurídica» que no hace más que sumar incertidumbre. «La mayor presión está precisamente en las rentas más bajas, y el proceso migratorio está presionando la base más ancha del mercado inmobiliario». Los propietarios de viviendas en alquiler en todo el Estado muestran un creciente recelo y desconfianza. El 48% señala este factor como el principal obstáculo para alquilar, lo que ha provocado que más del 30% de la oferta se reduzca.

En Euskadi un total de 259 propietarios de vivienda que tienen alquilados sus pisos en Euskadi han dejado de percibir su renta mensual por parte de inquilinos que han sido declarados vulnerables, y han sido compensados por el Gobierno Vasco, que les paga en nombre de sus arrendatarios. La norma, prorrogada sucesivamente, prohibe desahuciar a personas de especial vulnerabilidad. El nuevo Real Decreto – ley 2/2026, conocido como escudo antidesahucios, permite a partir de ahora que inquilinos en esa situación acreditada puedan ser desahuciados sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea titular de dos o menos viviendas, lo que para Polo «viene a demostrar que, por lo menos ahí, alguien se pasó de frenada».

Entretanto, colectivos como Stop Desahucios subrayan el grave problema de «alquileres impagables» que obligan a miles de familias vascas a destinar más del 50% de sus ingresos a la vivienda. Muchas de ellas acaban siendo demandadas, tanto por grandes como por pequeños propietarios, en un mercado que Stop Desahucios define como «especulativo».

En opinión de Polo, los criterios de vulnerabilidad fijados convierten a los arrendadores «en poco menos que oenegés» que no saben muy bien a qué atenerse. Pero del mismo modo subraya que todo ello ocurre en una sociedad «muy hipócrita» que se vale de la vulnerabilidad que atenaza a población migrante, «la misma que pagamos en B para que cuiden de nuestros mayores, la misma que necesita una vivienda en la que radicarse para poder demostrar que llevan dos años entre nosotros», con el fin de regularizar su situación administrativa.

Con todo, trasladamos a Polo la situación que le tocó vivir a Aaboud, un marroquí que a pesar de su trato educado, su comportamiento intachable y desahogado económicamente, recibió, uno tras otro, veinte portazos. «Es, sin duda, una manifiesta ilegalidad. No quiero personalizar, pero en mis protocolos, en la hoja de encargo que tiene que firmar un arrendador para que le gestione la vivienda, hay un apartado que lo dice clarísimamente: no puede existir ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por religión, ni por condición de género, ni por condición sexual. Lo dice expresamente».

Entretanto sigue presionando actualmente el mercado «una gran nube de demandantes que se sitúan en el nivel más bajo». Según explica Polo, están atravesando «situaciones terribles», viéndose obligados a compartir vivienda e incluso habitaciones. «No me refiero al caso concreto de ese chico. Lo que estoy diciendo es que en la situación actual, estamos convirtiendo a todas las personas que pertenecen a ese colectivo en potencialmente vulnerables (lo que despertaría ese recelo). Al final, los tiempos que vivimos son los que les acaban poniendo esa etiqueta de vulnerabilidad». Las inmobiliarias reconocen que, hoy por hoy, esa desconfianza hacia los arrendatarios trasciende a la población migrante. «En este momento, una madre con dos niños es a esos efectos potencialmente vulnerable, aunque gane 6.000 euros al mes. ¿Por qué? Hemos generado esa conciencia», admite.