Las cifras que maneja el Gobierno para la regularización extraordinaria de extranjeros que ya trabajan en España están «muy lejos» de la realidad. Los expertos

policiales consultados por LA RAZÓN

creen que, «en la práctica», se podrán beneficiar «entre dos y tres millones» de personas gracias a que en un futuro podrán solicitar la reagrupación familiar para traer a sus parientes más cercanos.

«No serán sólo los padres e hijos. Los datos apuntan a que ese proceso afectará a otros niveles de parentesco», explica un mando con años de experiencia en la gestión de la inmigración.

El Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Podemos –aunque en realidad los votos de la formación no serían necesarios para aprobarlo– para normalizar la situación de decenas de miles de personas que ya están en nuestro país. Los primeros cálculos apuntaron a unas 500.000, aunque organismos privados como Funcas creen que ascendería al entorno de 840.000 en enero del año pasado.

La propuesta del Gobierno ha sido criticada por la oposición por un supuesto «efecto llamada» que crearía. Las fuentes consultadas no creen que esto se produzca, ya que sólo se regularizará a aquellos que puedan demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Eso sí, alertan de que el mensaje que se da a las mafias que trafican con personas y a quienes esperan para llegar a Europa es claro: «Lo que les llega es que en algún momento, si llegan y no mueren en el camino, es que se les convertirá en legales».

«Lo que no se podrá controlar son los familiares que luego quieran reagruparse con los que ya están aquí», abundan las fuentes. De ese segundo proceso es de donde sale la cifra de los «dos o tres» millones finales que los responsables de la Comisaría General de Extranjería manejan. A los profesionales que luchan contra la trata y la inmigración ilegal les preocupan otros dos aspectos. El primero, la dificultad de adaptar los servicios públicos a un incremento de población «tan repentino». El segundo, es la seguridad.

Antecedentes

El borrador del decreto ley, que está elevado a consulta pública y tiene que convalidarse antes de final de mes, indica que no podrán normalizar su situación aquellos con antecedentes penales. «No es lo mismo tener una sentencia que un historial policial. La primera puede tardar años en llegar, así que vamos a legalizar a muchos que se dedican a los pequeños robos o al menudeo de droga».

La norma recoge que los interesados tendrán que presentar un documento en el que no aparezca que han cometido delitos previamente. El problema, según los mandos policiales, es que tendrán que ser los países de origen los que emitan ese certificado. De no responder, los extranjeros sólo tendrán que aportar una declaración responsable en el que aseguran no tener antecedentes.

Este punto choca con la actual Ley de Extranjería, que en su punto 31.5 detalla que «para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido».

Las fuentes jurídicas consultadas creen que, si no se modifica ese punto, el real decreto del Pedro Sánchez para regularizar inmigrantes «sería muy fácil de tumbar» ante el Tribunal Supremo pidiendo «la suspensión cautelar» porque «una simple declaración responsable no da por cumplido ese punto de la ley orgánica».

Sin informes policiales

La redacción del proyecto y su negociación se llevaron a cabo sin pedir informes policiales a la Comisaría General de Extranjerías,

como ya publicó este medio. Las fuentes consultadas muestran su «extrañeza» y «enfado» a partes iguales. Sorpresa porque no se haya trabajado la propuesta con documentos y estadísticas oficiales sobre un tema tan delicado. Y cabreo porque, 16 días después de que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciase el pacto con el Gobierno, nadie haya preguntado a los especialistas, a pesar de haberse elevado a consulta pública, el paso previo a convalidarlo en el Congreso.

Oficialmente, los expertos de la Policía Nacional no han redactado informe alguno respecto a la regularización de medio millón de personas. Este Cuerpo tiene dos unidades especializadas en la criminalidad relacionada con la inmigración. Uno es la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, y segundo el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una suerte de «inteligencia» migratoria.