La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno central centró este miércoles el choque entre Vox y el Govern en la sesión de control al ejecutivo catalán en el Parlament. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, volvió a sustituir al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que continúa de baja médica, y fue el encargado de responder a las críticas de la diputada de Vox Júlia Calvet.

Calvet cargó con dureza contra la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes en situación irregular anunciada por el PSOE, de la que, según cifras del propio Govern, podrían beneficiarse unas 150.000 personas en Cataluña. “Desde entonces hay más colas en consulados como los de Argelia, Pakistán, Marruecos o Colombia que en los propios supermercados”, afirmó.

La diputada preguntó a Dalmau a qué conclusiones habían llegado en la cumbre organizada por la Generalitat y la Delegación del Gobierno con entidades sociales y el mundo local para agilizar el proceso. Y respondió ella misma: “La única cumbre que desean y que ansían todos los catalanes es una cumbre que sirva para coordinar las deportaciones y el cierre de nuestras fronteras”.

En su intervención, Calvet sostuvo que Cataluña “no puede soportar semejante avalancha migratoria” y vinculó la regularización con el deterioro de los servicios públicos y la situación social. “No funcionan los trenes. Hay gente muriendo en las colas de urgencias. Hay jóvenes que malviven por la imposibilidad crónica de acceder a un empleo digno y a una vivienda asequible. Lideramos todos los rankings de delincuencia y uno de cada cuatro catalanes está en riesgo real de pobreza”, afirmó.

Según la diputada de Vox, esta “avalancha” colapsa la sanidad y la vivienda, amenaza la tranquilidad y la seguridad en los barrios y “pone en riesgo la continuidad histórica y cultural de nuestra tierra”. También aseguró que “

dos de cada tres catalanes creen que hay que limitar la inmigración”, tal y como indican los últimos datos del CEO

, y advirtió al Govern de que las consecuencias se verán “en las urnas”, como, dijo, ya ha ocurrido en otras comunidades. “Den marcha atrás y frenen este suicidio demográfico premeditado”, reclamó, asegurando que Vox hará “todo lo que esté en nuestra mano para que hasta el último vecino, en el último barrio de Cataluña, ponga nombres y apellidos a los responsables de su miseria”.

En su respuesta, Dalmau negó que la regularización genere un “efecto llamada” y acusó a Vox de “sembrar odio” con “mentiras y argumentos falsos”. El conseller defendió que se trata de una cuestión de dignidad y de humanidad hacia personas que ya viven y trabajan en Cataluña, y sostuvo que procesos similares realizados años atrás “se hicieron con éxito” y demostraron que no provocan un aumento de llegadas irregulares. “Hay mucha más dignidad en la tarea que ha hecho una persona que ha venido a trabajar a Cataluña que en todo el conjunto de mentiras que ustedes usan para sembrar odio en nuestra casa”, afirmó, subrayando que la medida es también “un incentivo para la economía” y contraponiéndola a políticas migratorias que calificó de deshumanizadas.

Más tarde, la diputada María García Fuster, reprochó a la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, que entre 2020 y 2022, “el 40% de los, más de 3.200 extutelados recibieron de la Generalitat una asignación económica que no les correspondía, según el Tribunal de Cuentas”. Además, señaló que el Govern perdonó esa deuda y que, a día de hoy, según Fuster, “hay miles de extranjeros ex tutelados que siguen recibiendo, cada mes, una suculenta suma que no les pertenece”.