El Gobierno se propone aprobar una «prestación universal por crianza», junto a otras «cien metas» de corte social. Las propuestas pretenden «reducir la pobreza y … desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos», según un comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La medida estrella de este paquete, anunciada como novedosa y a la espera de ser aprobada antes de 2030, ya estaba en estudio y consiste en ayudas directas de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad, sin importar la renta familiar ni la situación laboral, según los datos puestos sobre la mesa en ocasiones anteriores y que tienen como referencia organizaciones como Unicef.

Dice el Gobierno que es una medida contra la pobreza infantil. En teoría, este «nuevo derecho» llegaría a todas las familias, que tengan menores de 18 años, siempre que residan en España. Esta prestación sería compatible, en principio, con el Ingreso Mínimo Vital.

«El objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar, así, con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030«, mantiene el comunicado oficial. »Se trata de una medida propuesta por Pablo Bustinduy, quien la ha reivindicado, desde que tomó posesión de su cargo, como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil, tal y como demuestran los datos en otros países donde se aplica, y que tendría que ir de la mano, defiende, de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo».

Esta propuesta está motivada en los «niveles persistentemente altos» de pobreza infantil, expone Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Hay consenso de que la mejor manera de ponerle coto es con este tipo de prestación que podemos desplegar y que es de probada eficacia. Hay evidencia científica de que se reduciría de inmediato».

Según el ministro, «el coste estimado de la pobreza infantil es de 65.000 millones de euros al año y el impacto se expresa a lo largo de todo un ciclo de vida, en aspectos como un peor desempeño educativo, peor inserción laboral, peor índice de salud». Esta medida tendría un «retorno será inmediato y superará con creces las expectativas».

Su implementación no se ve, sin embargo, a corto plazo. «Confío que el proyecto de presupuestos generales del Estado dé pasos en esa dirección», dice Bustinduy. «Espero que vea la luz cuanto antes y su impacto será extraordinario».

Un estudio de Unicef y el Centro de Políticas Económicas de Esade estimó que por cada 100 euros de prestación «la pobreza infantil se reduciría en 3,6 puntos porcentuales, es decir, un 11,2% menos de niños y niñas en situación de pobreza». Unos 270.000 en España. Si se materializa la propuesta del Gobierno, «la reducción sería de 7,1 puntos porcentuales: un 22,1% menos de niños y niñas en situación de pobreza, más de 530.000».

Aún así, en los hogares con dos adultos sin niños, la tasa de pobreza es del 13,8%, mientras que en hogares de dos adultos y un niño o más, dicha tasa asciende al 22,5%, indica la tasa de referencia Arope. «No puede quedarse en promesa», dijo Lucía Losoviz, responsable de Incidencia Nacional de Unicef España. «Es necesario que la medida cuente con el presupuesto correspondiente y se pueda implementar cuanto antes».

Otras de las cien metas incluyen materias de igualdad, como reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030 y el porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres, alcanzando el 55% respecto a los hombres; aumentar la tasa de actividad femenina del 5% con respecto a 2015; integrar a un mayor número mujeres en profesiones científicas, y erradicar la violencia machista.

En cuanto a la desigualdad económica se propone reforzar el acceso efectivo a las prestaciones asistenciales como el Ingreso Mínimo Vital (que existe desde 2020), garantizar el derecho a la vivienda, mejorar el acceso a la educación y la salud, y proteger a los colectivos más vulnerables.

El Gobierno también promete luchar «contra todas las formas de discriminación y los discursos de odio», mejorar «la inclusión social de las personas migrantes» y garantizar «el acceso a la cultura como derecho fundamental».

Estos propósitos se reúnen después de completar «un proceso colaborativo en el que han participado todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil y entidades del ámbito académico y del sector privado», indica el ministerio.