Las autoridades comunitarias fueron este martes un paso más allá de su valoración inicial respecto al polémico plan del Ejecutivo español para regularizar de forma extraordinaria … a medio millón de inmigrantes, iniciativa sobre la que Bruselas eludió pronunciarse días atrás al sostener que entraba dentro de las competencias de cada socio de la UE. Esta vez sí que han llamado la atención al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de que garantice que su aplicación no tendrá «consecuencias negativas» en el resto de países miembros del club, por ejemplo, que las personas que reciban un permiso de residencia no se instalan luego en otro Estado de la Unión.

«La migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea (…). Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los propios Estados, pero al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión», expuso el comisario de Asuntos de Interior y Migración europeo, Magnus Brunner, durante un debate dedicado a la regularización en España en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Este responsable comunitario afirmó, asimismo, que un «permiso de residencia no es un cheque en blanco» para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, advertió de que existen «reglas claras» que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales, por ejemplo, que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro «debe regresar al país en donde se otorgó el permiso».

«Eso es lo que esperamos ver ahora en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembro», remató su argumento este político conservador austriaco, quien insistió en dejar claro que la gestión migratoria debe responder a una «visión estratégica» del conjunto de la Unión, que garantice también una migración «segura, legal y, sobre todo, bajo control». «En una Unión de 27, las decisiones de un Estado miembro por supuesto que afectan al resto», añadió Brunner, para después evocar la «cooperación sincera» entre socios.

El comisario del ramo europeo, que hace dos semanas valoró la medida del Gobierno español de forma escueta limitándose a decir que es una solución legal a la presencia de migrantes irregulares y responde al mismo tiempo a necesidades del mercado laboral, apuntó esta vez a la necesidad del equilibrio entre «solidaridad y responsabilidad». En este sentido, dejó claro ante los europarlamentarios que, como principio, los migrantes en situación de irregularidad en la UE deben ser »retornados«.

«En la actualidad, sólo uno de cada cinco migrantes irregulares en la UE es retornado y creo que es hora de darle la vuelta y asegurar que, como regla general, las personas en situación irregular deben abandonar la UE. De lo contrario, nuestras políticas no serán creíbles», zanjó Brunner su intervención.

En todo caso, el responsable comunitario de Inmigración señaló que las cifras muestran una tendencia a la baja de las llegadas irregulares a la Unión Europea en los últimos dos años, lo que achacó al refuerzo del control de la frontera exterior y otras medidas para endurecer la gestión de la migración en el bloque. Entre ellas citó el nuevo sistema informático de entrada y salida, que el próximo mes de abril estará plenamente operativo y permite ya controlar de manera más estricta las fronteras. «No es una casualidad producto de la geopolítica», insistió en su argumento, al tiempo que reclamó que se aprueben «retornos más eficaces, más ágiles y rápidos« para expulsar a las personas que no tengan derecho a permanecer en la UE.

El debate sobre la regularización extraordinaria en España y sus consecuencias para el resto del espacio sin fronteras Schengen contó este martes con decenas de intervenciones tanto de eurodiputados españoles como de otros países, que revelaron dos posiciones claramente encontradas. De un lado, una defensa firme de la medida adoptada por el Gobierno de coalición español por parte de socialistas, verdes e izquierda; por el otro, fuertes críticas tanto desde la bancada del Partido Popular Europeo (PPE) como de los grupos de la ultraderecha, Patriotas por Europa y Conservadores y Reformistas Europeos.

«La decisión unilateral del Gobierno socialista español de dar amnistía a 500.000 inmigrantes irregulares no es una cuestión de solidaridad: es una estrategia política para complacer a sus colegas de izquierda y mantenerse en el poder», denunció el portavoz del PPE en el debate, el sueco Tomas Tobé. Por ello alertó de que las consecuencias de la medida «van mucho más allá de España» y «socavan» los esfuerzos del resto de socios por reforzar el control de su frontera común.

Por su parte, la jefa de los Socialistas y Demócratas (S&D), la española Iratxe García, reprochó a los populares que promovieran este debate para «intoxicar y atacar a un Gobierno legítimo» y al mismo tiempo «alimentar el mismo veneno que hoy intoxica democracias enteras: el miedo, la mentira y la violencia importados por el ’trumpismo’». Con todo, quiso «confrontar» los modelos migratorios y reivindicado que las personas que se beneficiarán de la regularización son migrantes que ya viven en España, que «sostienen sectores enteros» de la economía y que son parte de la comunidad, «pero se les niegan los derechos básicos».

Por contra, desde la representación española del PP europeo, Javier Zarzalejos rebatió el argumento de que «cinco meses de estancia no generan arraigo» y dijo «no se puede actuar unilateralmente» con decisiones «de impacto masivo» en el resto de socios de la UE. En ese sentido, abogó por una migración legal «como principio rector», pero con «procesos consensuados y caso por caso».

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, a su vez, avisó a los grupos de la derecha y extrema derecha que «el enemigo no viene en patera», sino que «el enemigo es el que explota, el que ampara los discursos racistas, xenófobos y de odio» que «imitan» de las políticas promovidas por Estados Unidos.

Mientras, desde la ultraderecha de los Patriotas por Europa liderados por el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la eurodiputada Kinga Gal, reprochó la «hipocresía» de la Comisión Europea por no sancionar a España por la regularización extraordinaria. «Nadie puede entrar ilegalmente en Europa. ¡Debemos detener esta locura y lo haremos!», remachó.

A su vez, el jefe de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, criticó que el Gobierno de Sánchez no ofrezca cifras claras sobre el alcance de la regularización en marcha y asegurado que el objetivo es «que les voten en las municipales y después concederles la nacionalidad».

Por último, arrogándose hablar en nombre de la Izquierda europea, la vicepresidenta del grupo europeo y líder de Podemos en la Eurocámara, Irene Montero, defendió que «los papeles son derechos» y ha recriminado a los detractores de la regularización extraordinaria que dónde la defensores de la medida ven «personas», ellos «ven esclavos».