La decisión del Ayuntamiento de Donostia de seguir el criterio establecido por el Gobierno Vasco y publicar el origen de los detenidos, ha desatado una … oleada de reacciones y evidenciado la disparidad de criterios entre las administraciones vascas sobre cómo abordar la lucha contra la delincuencia en Euskadi. El posicionamiento de Donostia contrasta con el de las otras dos capitales vascas así como localidades grandes como Irun y Barakaldo, donde los gobiernos municipales han decidido no seguir esta línea. Mientras para unos se trata de un ejercicio de transparencia que contribuye, dicen, a combatir estigmas y discursos populistas, para otros esta medida genera el efecto contrario y ahonda en estereotipos negativos sobre ciertos colectivos, vinculando inmigración con delincuencia. Estas diferencias revelan la complejidad de un problema para el que se requiere una reflexión previa, amplia y sosegada. Euskadi es la única comunidad autónoma que ha adoptado este camino.

Las ciudades y municipios vascos tienen problemas de seguridad. Es evidente desde hace varios años en determinadas zonas muy conocidas. Es un reto complejo que comparten las sociedades modernas y al que no se puede responder con buenismos o mirando hacia otro lado. Pero abrir este debate de manera precipitada, poniendo el foco en la forma y no en el fondo y sin una estrategia detrás conlleva el riesgo de provocar un mayor aumento de la sensación de inseguridad –como revelan las encuestas–, justo cuando los delitos presenciales han disminuido levemente en Gipuzkoa y en Donostia durante el último año y la reincidencia se ha estancado.

La lucha contra la delincuencia exige políticas y respuestas transversales que deben implicar al ámbito policial y judicial, pero también al social. Es indispensable combatir la delincuencia desde todos los frentes y sin miramientos. Se debe reforzar la presencia policial, especialmente en puntos sensibles en los que se dan focos de delincuencia, como la estación de autobuses de Atotxa o el entorno de Tabakalera en Donostia, pero también es necesario actuar con políticas sociales –la delincuencia está estrechamente ligada a la pobreza extrema– que incidan en las razones subyacentes de la delincuencia en ciertas comunidades o grupos.

La decisión de informar de la procedencia de los detenidos puede tener en origen una motivación de derribo de bulos, como señala el alcalde de Donostia, pero su capacidad de luchar contra la delincuencia –el objetivo real– es cuestionable como refleja la división institucional que genera. El debate merece ser tratado con mucha responsabilidad y matices para no reforzar las posturas más viscerales en torno a la inmigración.