Sandra Rodríguez (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1970) ha tenido que hacer frente a una crisis migratoria sin precedente. Canarias ha llegado a acoger a más de 6.000 menores migrantes solos sin recursos extraordinarios y abriendo centros «de la noche a la mañana». En mes y medio las islas esperan salir de la «contingencia migratoria extraordinaria», y lamenta que hay comunidades que ponen pegas para la acogida y aducen falta de plazas.

-Cuando se aprobó el cambio de la Ley de Extranjería «empezamos a ver la luz», se dijo en Canarias. Pero todo ha sido lento. ¿Qué ha impedido que funcione?

—Cuando se modifica la Ley de Extranjera se produce un punto de inflexión: se ha mirado a Canarias. El esfuerzo del presidente Fernando Clavijo tiene sus frutos. Pero se tarda mucho en desarrollar el cambio; el real decreto sale el 22 de julio. Y se tarda un mes más en definir exactamente cuál es la capacidad de acogida de cada una de las comunidades autónomas, incluida la de Canarias. Se perdieron cinco meses muy importantes cuando tenemos un año para salir de la contingencia. Es un acuerdo excepcional con un mecanismo excepcional, pero hay cuestiones que no han funcionado. Por ejemplo, para las nuevas llegadas la Delegación del Gobierno tiene diez días para emitir la resolución de traslado definitiva hacia otras comunidades autónomas. La realidad es que se está tardando un mes y, además, las comunidades tienen diez días para las alegaciones. Quienes únicos estamos cumpliendo los plazos cortos que se establecieron en el Real Decreto somos la Dirección General de Infancia porque tenemos tres días para hacer la entrevista y emitir informe y lo hacemos. Después la Fiscalía tiene dos días para emitir su informe y también me consta que lo están emitiendo en esos dos días. Nosotros ahora estamos haciendo las pruebas de determinación de la edad y los remitimos con el decreto de Fiscalía. Es una forma de que las comunidades no nos rechacen después la llegada.

—Podemos decir entonces que el Congreso sí miró a Canarias, pero las comunidades no.

—Yo sí te puedo decir que todas las comunidades autónomas están dando todo lo que pueden y más. No hemos tenido un no rotundo por parte de nadie, más allá del primer traslado que in extremis, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, se activó a Fiscalía y quedó en nada. Eran una niña pequeñita y dos niños y los acogieron sin problema. Pero les pasa lo que ya advertimos: no tienen plaza, no están en emergencia, por lo tanto tienen que cumplir la Ley de Contratos y no tienen la financiación. Son dos hándicaps con los que se encuentra la comunidad autónoma de destino, que en todo momento, tanto Canarias como las comunidades autónomas, pusimos la mesa en las distintas comisiones y conferencias sectoriales de infancia para que se tuviera en cuenta el problema que estamos teniendo ahora.

—Pero Canarias, que ya estaba en situación de emergencia, atendía a cientos de menores. Lo que se le pide a las comunidades es acoger a 10 o 20.

—Canarias ha demostrado que puede atender una emergencia como esta, hasta el punto de que hemos abierto centros de un día para otro, o sea, de la noche para la mañana. Hemos tenido que sobreocupar centros, por eso es difícil aceptar que te digan que no tienen plazas para dos niños. Nosotros poníamos «colchón al suelo» y ya buscarás plaza cuando la tengas abierta, igual que hemos hecho nosotros.

—¿Han podido más las luchas políticas que los derechos humanos?

—Como directora de Infancia, cuando teníamos esas reuniones sectoriales lo que visibilizamos es que hay una rivalidad o lucha política, un enfrentamiento político. Como si papá y mamá se están divorciando y los menores en el medio. Canarias pedía ayuda, apoyo porque esto no es una cuestión de solidaridad, esto es cuestión de corresponsabilidad de todo el país, de todas las comunidades autónomas. Aun así, quiero romper una lanza en favor de todas las directoras y directores de Infancia de las comunidades autónomas, aunque parezca contradictorio. Es decir, es cierto que se produjo esa lucha y que sigue existiendo. Pero una vez que hemos entrado en todo este proceso, al otro lado del teléfono no he recibido un no rotundopor parte de nadie, sino comprensión total y absoluta de todas las directoras y directores generales aunque me manifiesten que no tengan plazas. Quien está al frente de la Dirección General de Infancia, sea cual sea la comunidad autónoma, normalmente tiene en la cabeza el interés superior del menor, al margen de posicionamientos políticos.

—¿Y no ha habido también racismo?

—Probablemente sea un hándicap que también tienen algunas comunidades autónomas a la hora de aperturar nuevos recursos. Porque sí es cierto que hay una determinada formación política que está alimentando ese tipo de mensajes. No podemos olvidar que son menores y los menores hay que atenderlos independientemente de su procedencia, del color de su piel, de su religión; si no, no haber firmado todos los tratados internacionales en favor de la infancia que hemos firmado como país. Como sociedad que nos hemos impuesto para atender a la infancia, es muy preocupante ese tipo de mensajes, porque además hasta qué punto también podrían minar negativamente a ese menor que está escuchando que no te quieren aquí. La realidad es que los menores se van a integrar en nuestra sociedad porque estamos trabajando todos, absolutamente todos, porque eso sea así. Por lo tanto, creo que no es nada positivo.

—Aquí además tenemos algunos influencers que también vinculan migración y delincuencia.

—Canarias puede ser el ejemplo de que eso no existe. No es una realidad. Canarias es una tierra hospitalaria, hemos acogido y hemos atendido, y en momentos puntuales a cerca de 6.000 menores, en con toda la problemática que eso puede conllevar. Evidentemente hemos tenido problemas, claro que sí, que los hay, pero no es lo habitual. No es lo más, no es lo más significativo. Creo que lo más positivo es todo aquello de bueno que nos ha traído la inmigración.

—Canarias ya empieza a cerrar centros. Al menos los más grandes.

—Claro, es que no es lo mismo trabajar con centros como estamos empezando a trabajar, de 22, 25, no más de 30, que es lo que lo que queremos ir en estos momentos, sobre todo si conseguimos salir de la contingencia. Ya tenemos muchos centros en apertura, dos nuevos de menos de 30 plazas, y reubicando y redistribuyendo, lo que nos ha permitido incluso cerrar centros grandes. Pero es que los centros, como te decía, de 100, de 200, de 300, donde cerca de 400, ahí la convivencia es otra. Y además en momentos en los que a lo mejor entraban y salían, la rotación era muy grande y genera evidentemente presión.

—Después está el ejemplo de Artenara…

—Es una experiencia absolutamente increíble. Es un ejemplo a tener en cuenta. Cómo llegan los niños, las niñas ahí y comienzan a ser una alegría para el pueblo. Salvan, sostienen un recurso educativo como el que estaba allí y vamos, los chiquillos, los niños y las niñas son ya parte del pueblo, hasta el punto de que alguno que tenía protección internacional solicitada y tiene que ser trasladado en un momento determinado me llaman para que no se traslade, pero evidentemente tiene un derecho que tiene reconocido y por lo tanto prima. Artenara es un ejemplo de integración y de trabajo que se está haciendo y lo que demuestra que algo se está haciendo bien también. También en los centros específicos de atención a chicas y muchas con sus hermanos. Creo que eso es una muestra de que al menos dentro de la situación de emergencia que hemos vivido hemos sido capaces de reorganizarnos y de intentar atender a los menores de la mejor manera que corresponde.

—Cuando llegó al cargo había medio centenar de centros.

—La red que existía en la legislatura pasada estaba desmantelada. Cuando declaramos la crisis migratoria intentamos sobre todo tirar de las entidades. Me puse en contacto con todas las entidades, con todos los responsables de las entidades para pedirles colaboración y que comenzaran a buscar dispositivos, al tiempo que también por parte del Gobierno comenzamos a buscarlos. Abrimos todas las casas del marino aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Arrecife, en Fuerteventura… También nos pusimos en contacto con la Iglesia y nos dejaron un recurso en Tenerife y uno aquí en Gran Canaria, que también se cerró después. Y el Cabildo de Tenerife nos cedió un inmueble para primera acogida en Tenerife, que sigue siendo como tal porque no hemos podido cerrarlo ahora mismo y allí llegamos a tener a 200 y pico chicos. Ahora mismo hay 100 y bajando porque estamos con esas reubicaciones como estaba comentando, pues llegamos a tener 86 centros, aunque yo te está hablando de cierre de centros. La apertura de los centros más pequeños al final está compensando.

—A usted no le gusta hablar de cifras, pero hay una continua pelea con ellas entre administraciones.

—Al hablar de datos y cifras te olvidas de que detrás de cada dato hay una carita. Ahora estamos entrevistando a los chicos y chicas para ver si quieren o no continuar con su proyecto migratorio en otra comunidad autónoma y darles esa posibilidad y hay chicos y chicas que tienen miedo. Niños que, a pesar de haberse montado en un cayuco, hacer lo más difícil, ahora temen cambiar de centro. Si empezamos con «llegaron tantos, se fueron tantos»… En protección internacional arrancamos con algo más de 1.000 menores y ¿qué ha pasado? Solo han salido 569, porque 267 han cumplido la mayoría de edad. Pero sí quiero aclarar que hemos trasladado a 305, es decir, un 54,27 %, nada de un 29,6 % como lamentaba el ministro Torres.

—¿Cree que se podrán trasladar los 657 menores que deben reubicarse desde Canarias antes del 18 de marzo?

—Yo espero que se siga escuchando a Canarias y que se nos dé una respuesta de qué va a pasar si es que, llegado el 18 de marzo, no se sale de la contingencia. Si podremos reubicar a aquellos menores que ya tengan resolución definitiva de traslado.