Las imágenes de largas colas en el Registro Civil de Roquetas de Mar son solo un ejemplo de la expectación que ha provocado en Almería un proceso de regularización que podría beneficiar al menos a veinte mil personas que residen de forma irregular, según las estimaciones en la provincia.

Una situación de «colapso» en las oficinas que era reconocida por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ante preguntas de Vox y para explicar que «no es competencia» de una Administración autonómica que solo establece de forma «prestacional» los recursos necesarios de acuerdo con «unas medias que nos da el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia».

Además de señalar que en el caso roquetero «algo no está funcionado de forma correcta y no se está prestando un buen servicio a la ciudadanía», Nieto informó de que se remitió una carta «a través de la secretaría general de Servicios Judiciales» ante los «problemas» de saturación que se estaban ya presentando tanto en ese registro, como en los de El Ejido, Sevilla, o los malagueños de Marbella, Estepona y Antequera.

Oficinas desbordadas

Pero la situación de demanda en esas oficinas se ha incrementado tras el anuncio de la regularización masiva realizado por el Ejecutivo. «No se trata de una mera acumulación de personas, sino también de la diversidad de documentación necesitan», informan fuentes policiales, considerando cómo algunas de las peticiones ni siquiera se tramitan en las unidades a las que acuden.

Por otro lado, aunque muchas solicitudes o renovaciones necesitan cita previa, muchos intere -

sados ignoran este aspecto o, directamente, no lo cumplen, acudiendo personalmente a unas instalaciones repletas de gente en las que tampoco ayuda a descongestionar el desconocimiento generalizado del idioma.

«Lo que puedo informar es que, de momento, aún está en trámite ese Real Decreto que modificará el reglamento de Extranjería y que permitirá una importante demanda social de colectivos sociales y económicos» , respondió el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, cuestionado por la situación de caos en las oficinas que ha sido denunciada también en otros puntos del país por sindicatos policiales como Jupol.

«En muchos sectores hay falta de mano de obra», manifestó el también secretario provincial del PSOE en Almería, incidiendo en que la iniciativa «no va a producir ningún efecto llamada porque los solicitantes ya están viviendo aquí desde hace tiempo».

«Hace unas décadas Almería estaba en el furgón de cola del crecimiento económico y hoy es una locomotora de creación de empleo que favorece la llegada de trabajadores», valoró José María Martín, insistiendo en que «la agricultura, la construcción y el transporte» presentan necesidades de personal importantes.

Así, desde la subdelegación defendieron que «se van a igualar los derechos y las obligaciones para personas que ya están aquí», para «que puedan trabajar legalmente, pagar impuestos y cotizar», llegando incluso a destacar que es una solución «defendida también por la Iglesia católica».

Sin embargo, aunque organizaciones agrarias y empresariales almerienses han valorado positivamente esta nueva regularización de inmigrantes, vecinos de localidades con importante presencia de extranjeros siguen mostrando reservas ante el desarrollo del Decreto Ley pactado por el Ejecutivo con Podemos. «Deberían venir con un contrato de trabajo», «me parece muy bien, pero que se haga de la forma adecuada y sin mentiras», opinan algunos ciudadanos consultados sobre el tema.

Otros relacionan directamente el fenómeno de la inmigración con la inseguridad y rechazan absolutamente la misma idea de facilitar la residencia a sus vecinos ahora indocumentados.

«Extranjería arrastraba retrasos importantes incluso antes de este anuncio», manifestó la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, recordando que «en los últimos meses se incorporaron nuevos funcionarios de carrera y se movilizaron entre diez y doce interinos por acumulación de tareas, casi todos destinados a Extranjería, pero ese refuerzo ya entonces se quedó corto para la carga de trabajo que tenía la provincia».

«No podemos anunciar una regularización histórica y dejar a los funcionarios solos ante un volumen de trabajo imposible», lamentó, ante «un paso histórico que reconoce la dignidad de miles de personas que ya forman por parte de nuestra vida cotidiana». «El reto ahora es organizativo: garantizar que las oficinas públicas tengan capacidad para asumir un proceso que será intenso, pero acotado en el tiempo».

1.300 empleos no declarados

En 2024 la Inspección de Trabajo detectó 1.300 empleos no declarados en Almería, lo que supuso más de 20 millones de euros en economía sumergida. En este sentido, los colectivos sociales que trabajan con población migrante aseguran que las cifras reales podrían ser mucho mayores. «Regularizar no es abrir puertas nuevas, es poner orden en lo que ya existe», apuntó Amate, indicando que la medida «corta el negocio de quienes se aprovechan de la irregularidad».Los datos oficiales reconocen que más de 5.000 personas alcanzaron Almería de forma irregular en 2025, un 30% más que el año anterior.