Ligia Maita tiene 44 años, es venezolana y vive en Trintxerpe junto a su hijo de 14 años. Llegó a San Sebastián en 2023, empujada … por una situación límite en su país. «Tuve dificultades económicas que incluso me impedían satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido o salud de mi hijo», explica. Ingeniera en industrias forestales, formada en la Universidad Experimental de Guayana, tomó una decisión que define como forzada: «Creo que nadie quiere salir de su país, pero me vi en esa dura decisión».

Nada más llegar inició la solicitud de asilo y, sin recursos económicos, aceptó trabajos alejados de su cualificación. «Buscamos horas de limpieza, cuidar a alguna persona… esos tipos de trabajo», relata. Como muchas mujeres inmigrantes, su entrada al mercado laboral se produjo por los márgenes, mientras trataba de regularizar su situación administrativa y sostener a su familia.

Cuando parecía abrirse una oportunidad más estable, su vida volvió a frenarse en seco. Tras formarse como camarera de pisos con apoyo de Cruz Roja y comenzar a trabajar a través de una ETT, apenas llevaba una semana en el puesto cuando recibió el diagnóstico de una grave enfermedad –y que prefiere no detallar–. «Yo estaba contenta porque por fin iba a poder desempeñarme en algo más estable», recuerda, antes de que la enfermedad lo paralizara todo.

La recomendación médica fue clara: debía someterse a pruebas y tratamientos. Pero su primera reacción fue resistirse. «Yo no quería, porque tengo un niño y mi familia en Venezuela en condiciones precarias. Yo le decía al médico que tenía que trabajar». Finalmente, tuvo que parar. Desde entonces, lleva cerca de un año y medio en desempleo, un periodo marcado por la recuperación de la salud y por ingresos muy limitados. «He resistido con la ayuda de la RGI, pero tengo ganas de activarme a nivel laboral», afirma.

Durante ese tiempo, Ligia decidió formarse de nuevo. Aprovechó la recuperación para realizar cursos y ahora participa en un programa de inserción laboral con la vista puesta en un puesto de auxiliar administrativa. La homologación de su título de ingeniería, sin embargo, sigue siendo una barrera. «Implica gastos económicos muy elevados en mi país, y le he dado prioridad a cubrir las necesidades básicas de aquí», explica. Lo ve como una meta a medio o largo plazo.

A las dificultades descritas se suman otras bien conocidas en el territorio, como la vivienda. Vive en un piso de Cáritas y describe el acceso al alquiler como casi imposible sin empleo. «Para un piso de 800 o 900 euros te piden nóminas de casi 2.000», señala. El idioma, en este caso el euskera, también ha sido una barrera, aunque ya ha comenzado a estudiarlo desde el nivel inicial, sabedora de que le puede abrir puertas en el futuro.

En una Gipuzkoa que roza el pleno empleo, la historia de Ligia Maita revela el reverso de las estadísticas. Mujer, inmigrante, mayor de 40 años y con una enfermedad grave reciente, su caso muestra cómo determinados perfiles siguen encontrando serias dificultades para integrarse en el mercado laboral. Aun así, mantiene la esperanza. «La idea es poder ingresar al mercado laboral, contribuir a la economía y mejorar mi situación», dice. De momento, sigue buscando.