La masiva regularización de medio millón de inmigrantes irregulares anunciada por el Gobierno ha abierto un intenso debate político y social. Que incluso en este caso es también religioso, con declaraciones diversas por parte de cualificados representantes de la jerarquía de la Iglesia. Por ello parece oportuno intentar aportar alguna luz en un debate que afecta a la conciencia de no pocos católicos que pueden estar confundidos respecto a una cuestión de tan profundo calado político y social. Una prueba de ello es que la misma primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha alzado la voz ante esa iniciativa por las consecuencias nada positivas que va a representar para la UE, y por tanto para Italia, país que, por cierto, no es dudoso de poseer unas profundas raíces cristianas. Meloni es una destacada política que defiende con toda claridad su condición de católica y que en este caso expresa su desacuerdo por el «efecto llamada» que considera que esta medida va a representar. Conviene recordar que la inmigración ilegal por el Mediterráneo central procedente del West Sahel a través del corredor de Libia tenía en Lampedusa una cabeza de playa muy importante para su entrada a Italia y de allí a la UE. Y que se trasladó a Canarias con la isla de El Hierro asumiendo ese papel, y España relevando a Italia. El debate se encuentra abierto entre una interpretación «buenista» de la doctrina católica que, por supuesto, tiene una base muy sólida en los principios y valores cristianos de la acogida y ayuda a los más necesitados, y de la caridad y el amor al prójimo. Principios y valores indisociables de la identidad católica. Pero esa realidad debe también ponerse en relación con la evidencia de que una política migratoria auténticamente solidaria y responsable debe procurar ayudar a las personas en su lugar de residencia, cooperando con los países de su procedencia mediante las ayudas necesarias para su desarrollo económico y social, de tal manera que sus nacionales no se vean abocados a emigrar para poder sobrevivir. Por otra parte, es también reconocido por la Iglesia que los países tienen un legítimo derecho de proteger y controlar sus fronteras. Y que los ciudadanos de los países de destino tienen también derechos y necesidades que deben ser debidamente protegidos y atendidos. Dicho de manera muy sencilla, que «no caben todos»: porque todas las sociedades del mundo tienen una determinada capacidad de acogida e integración. Y que la convivencia social no puede ser impedida por una presunta e ilimitada solidaridad. Por lo demás, esa masiva inmigración es promovida por mafias criminales y aprovechada por intereses económicos. Que no son precisamente católicos.