El Ayuntamiento de Figueres se prepara para protagonizar un movimiento poco habitual en la política municipal catalana. El pleno de este jueves aprobará una moción impulsada por Junts per Figueres para

rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa sitúa al alcalde,

Jordi Masquef

, en el centro de un debate cada vez más sensible y refuerza el giro de Junts hacia posiciones más

firmes en materia de inmigración,

en un contexto marcado por la presión demográfica y el auge electoral de discursos más duros sobre el control migratorio.

Desde el grupo municipal de Junts, la regularización masiva planteada por el Ejecutivo estatal es calificada de “

irresponsable

”. A juicio de la formación, se trata de una medida que puede acarrear “graves consecuencias económicas y sociales” para los municipios, especialmente para aquellos que ya soportan una fuerte presión en sus servicios públicos. La moción denuncia, además, el llamado

“efecto llamada”

que, según el texto parafraseado por el diario Empordà, generan este tipo de procesos extraordinarios, al incentivar nuevas llegadas irregulares.

El posicionamiento de Figueres no es casual ni aislado. Junts está ajustando su discurso sobre inmigración en toda Cataluña, en parte como respuesta a un clima político en el que esta cuestión se ha colocado en

el centro del debate público.

En este escenario, Jordi Masquef emerge como uno de los referentes del sector más pragmático del partido: un perfil que combina el discurso identitario clásico de Junts con una lectura muy vinculada a la gestión municipal y a los límites reales de los ayuntamientos.

El texto subraya que en Cataluña

habría alrededor de 200.000 personas

en situación administrativa irregular y recuerda que una parte muy significativa de los inmigrantes que llegan al Estado español acaba estableciéndose en territorio catalán. Sin embargo, Junts critica que las grandes decisiones en materia migratoria se adopten “lejos del territorio” y sin tener en cuenta sus efectos concretos sobre los municipios que deben asumir las consecuencias.

En el caso de Figueres, el debate se enmarca en una ciudad profundamente transformada por el crecimiento demográfico y los cambios sociales de los últimos años. Según Junts, esta realidad hace que una regularización extraordinaria ignore la situación de localidades ya tensionadas, donde la presión migratoria incide directamente en la calidad de los servicios públicos, la convivencia vecinal y la cohesión social.