Una vez más los intereses partidistas y el temor a perder votos ha jugado en contra de los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias, Ceuta y Melilla tras una dura travesía en cayuco en un intento de tener un futuro; a veces el objetivo solo es sobrevivir a los conflictos armados de los países de donde proceden, como es el caso de Malí.

En esta ocasión ha sido la alcaldesa socialista de un pequeño pueblo de Cantabria, Cartes, la que se ha opuesto a la llegada de menores migrantes a su municipio de 6.000 personas. El problema no es solo que se haya opuesto a la llegada prevista de 18 menores migrantes (ayer llegaron dos, hoy lo harán cuatro y el jueves y viernes uno cada día) sino que ha soliviantado a todo un pueblo, poniéndole en contra de los menores migrantes.

La alcaldesa ha llegado a decir que el que los manden a su municipio «es un castigo». Y todo porque el que se ha encargado de reubicar a los menores migrantes ha sido el Ejecutivo de Cantabria, del PP, que no ha hecho otra cosa que cumplir con la disposición legal del Gobierno de España y Pedro Sánchez, que obliga a las regiones a acoger a estos menores tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y del auto del Tribunal Supremo en el caso de los asilados.

De nuevo la guerra política entre instituciones de una comunidad autónoma por unos votos juega en contra de los intereses y derechos de estos chicos.

Desde el miércoles la tensión ha ido en aumento en este pueblo cántabro, de forma que han tenido que intervenir los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para poder garantizar el bienestar de los chicos y evitar posibles altercados. Una situación que, como reconocieron ayer desde el Gobierno de Cantabria, no se ha dado en ningún otro municipio de la región ni de otra comunidad autónoma.

El lunes, día previo a la llegada de los chicos, un centenar de personas se concentraba en el centro del pueblo como señal de protesta por la llegada de los chicos. «La alcaldesa de Cartes ha hecho maniobra tras maniobra para obstaculizar la acogida y la protección de los menores (…) Ha creado alarma social y ha advertido a todos los municipios de Cantabria de que estén alerta», señaló ayer la consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, en una rueda de prensa ‘urgente’ y convocada ayer tarde ante la sorprendente orden dada horas antes por la alcaldesa en un intento desesperado para «paralizar» la acogida de los chicos.

Y es que la alcaldesa socialista, Lorena Cueto, firmó la noche del lunes una orden que fue notificada ayer por la mañana al Gobierno de Cantabria y en la que, acogiéndose a la normativa urbanística, pedía al Ejecutivo que se parara «de forma inmediata» la llegada de los menores al entender que el centro no reunía condiciones. En ese momento acababan de llegar los dos primeros. Como explicó ayer la consejera cántabra, el centro ha sido sometido a una inspección cuenta con la licencia y todo lo necesario para su apertura y para albergar a los chicos.

En la orden, la alcaldesa llegaba a amenazar con el desalojo, el precinto del edificio y el corte del agua y de la luz del centro si se acogía a los chicos.

El Gobierno de Cantabria remitió ayer a los servicios jurídicos la orden y recurrirá «con celeridad» a los tribunales, solicitando medidas cautelares que frenen la orden. En cualquier caso, como apuntó ayer la consejera cántabra de Inclusión Social, los niños van a seguir en el centro y su seguridad está garantizada.

Del Río lamentó la situación y la imagen que se está dando fuera de Cantabria en una acogida que el Ejecutivo hace «por imposición legal» del Estado. Desde el Gobierno de España, el secretario de Estado de Infancia y Juventud y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María José Martínez, trasladaron ayer al Gobierno de Cantabria su «incredulidad y sorpresa» por la forma de actuar y las declaraciones de la alcaldesa socialista, que van en contra de la «solidaridad» en el reparto proclamado por el Gobierno socialista de España. La ministra de Infancia, Sira Rego, indicó ayer en redes sociales tras cinco días de conflicto y solo una vez que se manifestó el Gobierno de Cantabria con dureza que la alcaldesa «debía rectificar de inmediato, pedir disculpas y cumplir la ley». Identificar la llegada de niños y niñas a un pueblo como un catigo o amenazar con cierres o cotes de agua es absolutamente intolerable. Con los derechos de la Infancia no se juega, manifestó.

La alcaldesa de Cartes llegó a achacar su rechazo al centro al «oscurantismo» del Gobierno de Cantabria a la hora de informar de la acogida de los chicos. Como dijo ayer la consejera cántabra, el silencio es la norma que les impone el Estado en estos repartos precisamente para proteger a los menores y evitar lo que ha ocurrido en Cartes.

Del Río advirtió que las declaraciones de la alcaldesa de Cartes estos días están siendo analizadas jurídicamente «y podrían tener consecuencias».