el abogado de cáritas dice que la normalización de inmigrantes exige modificar la ley de extranjería

donostia. La exigencia del Gobierno Vasco en torno a que la CAV sólo acogerá a inmigrantes que tengan opción de regularizar su situación plantea un “enorme problema jurídico”, según expresó ayer el asesor jurídico de Cáritas Abdoulay Guey.

Las personas que actualmente permanecen en Canarias a la espera de resolver su situación tienen un expediente de expulsión abierto, lo que supone un escollo “por el momento insalvable”, al menos para que se pueda llegar a una resolución del conflicto a corto plazo. Según apuntó este abogado senegalés, la exigencia de regularizar a todo inmigrante que pise Gipuzkoa exigiría una modificación de la actual Ley de Extranjería.

la figura del arraigo Dentro del marco legal existente, la única figura que existe es la del arraigo laboral (dos años) y social (tres años), pero si hay un expediente de expulsión de por medio todo este proceso “se complica mucho más”, según advirtió el asesor jurídico. La problemática jurídica que se plantea no se puede resolver en el plazo de un año. La resolución de expulsión conlleva una prohibición girada de entre tres y diez años, esto es, que mientras haya una prohibición de entrada, esa persona no se puede regularizar “de ninguna forma”. El experto sospecha que la problemática jurídica que ha planteado el posicionamiento de Lakua puede ser “la cuestión de fondo” que ha podido hacer encallar la resolución definitiva del conflicto.

En los últimos días, técnicos de la Diputación, Cáritas y Cruz Roja han mantenido reuniones informales en las que han acordado que es preciso “un compromiso” formal de la Administración porque la nueva situación “sobrepasa” el marco legal conocido hasta ahora. >j.n.