El Gobierno de España ha aprobado una regularización extraordinaria que prevé beneficiar a unas 500.000 personas

en situación administrativa irregular, basada en la permanencia en el país y no en una oferta de empleo previa. Sin embargo, la agricultura almeriense se pregunta si el proceso podrá aplicarse en un sector que necesita mano de obra, porque, según manifestó el secretario provincial y responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, «ya nos pasó con la modificación del Reglamento de Extranjería, que se hace de espaldas al sector agrario, cuando somos quienes mayoritariamente contratamos a estas personas inmigrantes».

Así, la organización agraria ve «positiva» la medida, pero advierte que la falta de diálogo por parte de Ejecutivo en esta regulación podría poner en duda su aplicación real en la provincia. «Lo que estamos pidiendo es conocer cómo se va a dar el proceso, si se va a necesitar un precontrato, si no se va a necesitar y en qué condiciones», insistió Góngora, reivindicando que «se abra el marco de interlocución con las organizaciones agrarias en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Asuntos Sociales, porque no es lógico que se aplique una normativa que luego, cuando la tenemos que aplicar, no podemos llevarla a cabo».

En este sentido, desde COAG recordaron que «para el arraigo, que sería lo que actualmente todavía tenemos como mecanismo de regularización, exigen un contrato de 12 meses o un precontrato de 12 meses». «En el sector agrario algo así es completamente imposible porque nos movemos por campaña», ejemplificó Góngora, destacando que «si una persona está en España puede tener derecho a residir, evidentemente, pero también a trabajar».

No obstante, la principal novedad que introduce el Decreto Ley acordado entre PSOE y Podemos

es que esta vez la regularización se basa en la permanencia en el país y no en una oferta de empleo previa. En todo caso, tampoco han puesto objeciones los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Almería, dando el visto bueno a una iniciativa que podría legalizar a unas 25.000 personas en la provincia. «Consideramos que la regularización es un paso necesario para afrontar la gran bolsa de empleo irregular que existe en nuestro país», manifestó la secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal.

Almería ha iniciado 2026 siendo la provincia con mayor dependencia de trabajadores extranjeros de todo el país, ya que uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social es inmigrante. De hecho, la provincia ha superado la barrera de los 87.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, representando el 25% del total y con un papel crítico en el motor económico agrícola. De esta forma, los extranjeros suponen aproximadamente el 37% de los trabajadores del Sistema Especial Agrario, con ocupaciones como peones agrícolas en huertas e invernaderos, pero también empleados como mozos de almacén en alhóndigas y cooperativas.

El Gobierno estima que las solicitudes para la regularización puedan presentarse a principios de abril, una vez se haya cubierto la tramitación del Real Decreto, dejando abierto el plazo hasta el 30 de junio y dejando un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones. No obstante, con la mera admisión a trámite en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes podrían empezar a trabajar.

Además, para acreditar la permanencia en España, bastará «cualquier documento público

, privado o una combinación de ambos», mientras que entre los requisitos se introduce no contar con antecedentes penales «ni suponer una amenaza para el orden público».

La medida va dirigida a personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan residido de manera continuada al menos cinco meses antes, si bien para los solicitantes de protección internacional se elimina el requisito del tiempo y bastará con que hayan planteado la petición.