El anuncio de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales por parte del gobierno, haciéndolo además al margen del Congreso, es de una singular importancia que requiere de un profundo debate por sus previsibles consecuencias. De entre ellas, una y muy relevante es el evidente “efecto llamada” que transmite a las mafias criminales, que hacen su negocio traficando con las necesidades de una población, en especial a la procedente del West Sahel africano. El que acceder a España al margen de la ley pueda significar la regularización de su situación con tan sólo llevar cinco meses residiendo aquí y de carecer de antecedentes penales es toda una invitación a hacerlo. Teniendo presente además que, como ha señalado la policía encargada de su control, “no son lo mismo antecedentes penales que antecedentes policiales”. Es decir que la comisión de actos ilegales que no acarreen responsabilidades penales no tiene ninguna consecuencia a efectos de esa eventual legalización de su situación en España. Este efecto debe ponerse en relación con la enorme cantidad de población inmigrante en España y que con toda claridad debe afirmarse que tiene una directa influencia en la convivencia social que se agrava según su origen. En concreto la inmigración musulmana, por su religión y cultura, obviamente es totalmente diferente e incluso opuesta a la que ha construido la identidad nacional e histórica española. Y no es xenofobia, sino información objetiva, afirmar que la población extranjera representa el 14%de la población que reside en España, pero es el 33% de la población reclusa, y se estima comete el 40% de las violaciones y más del 50% de los asesinatos de mujeres, homicidios y robos. Al hilo de este debate algunos significados prelados como D. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo y Mn. José I. Munilla, de Alicante, se han pronunciado con sensatez y prudencia cristiana al respecto, recibiendo un alud de críticas procedentes de algún clérigo y diversos laicos. Sin duda, todos muy progresistas que estarán muy conformes con Irene Montero, la lideresa de Podemos que ha promovido esta masiva regularización para “barrer España de fascistas y fachas”. Porque no olvidemos que además de un interés económico existe ante todo un interés político para que esta población finalmente acabe votando a sus “progresistas benefactores”. El interés económico se debe a que la baja tasa de natalidad en España no permite atender la demanda de mano de obra que necesita el desarrollo de nuestro tejido empresarial. Una tasa de natalidad que ciertamente no se favorece promoviendo el aborto y la ideología de género. Iniciativas tan progresistas como anticristianas, que serán de especial agrado de tales progres humanistas.