Isabel Díaz Ayuso insiste en que la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene otro objetivo que el electoralista. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto este domingo a propagar el bulo de que los inmigrantes podrán votar en las elecciones generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en su artículo 2 que “el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. En la clausura de la II jornada intermunicipal del PP de Madrid, celebrada este domingo en San Lorenzo de El Escorial, ha negado que el Gobierno central quiera regularizar a más de medio millón de personas sin papeles en España por “humanidad” (como le respondió Sánchez al magnate Elon Musk en su cuenta de X), sino por simple “manipulación” del censo. También ha vuelto a hablar sobre la inmigración esta mañana, en entrevista con Ana Rosa Quintana: “El Gobierno necesita ciudadanos pobres [en referencia a los inmigrantes] para vivir de la pancarta y la subvención”.El Gobierno de Pedro Sánchez, pactado con Podemos, tramita esta regularización extraordinaria para extranjeros que ya se encuentran en España, desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de estancia en el territorio nacional, a través de un real decreto, por lo que la medida no pasará por el Congreso de los Diputados, en el que difícilmente recibiría el visto bueno. Que los inmigrantes obtengan papeles no significa que automáticamente adquieran la nacionalidad, sino que ese beneficio se puede solicitar una vez las personas hayan tenido la residencia entre dos años (en el caso de gran parte de los países iberoamericanos) y una década (en el caso del resto de extranjeros).La primera reacción del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo fue la misma que la de Ayuso: el Ejecutivo nacional quiere “alterar el censo electoral”. Sin embargo, el partido reculó el pasado viernes cuando su vicesecretaria encargada de los asuntos de inmigración, Alma Ezcurra, reconoció en RNE que los extranjeros regularizados solo podrán votar “a medio plazo”, pero no en las próximas generales ni en las municipales, previstas para 2027.Ayuso obvió el domingo y también este lunes el argumento de su propio partido y volvió a señalar al Gobierno de Sánchez por intentar que en los comicios municipales y autonómicos de 2027 pueda votar “un millón más que en 2023″. No hay cifras oficiales de cuántas personas se encuentran en situación irregular en España, pero se calcula que la cifra de beneficiados con esta medida sea de más de medio millón, aunque otros organismos calculan que podrían ser más de 800.000. Según cree la presidenta, esta no es la única manera en la que están utilizando a la inmigración, porque también lo hacen para “transformar culturalmente a España y así lo ha reconocido Podemos”. En la entrevista que ha dado este lunes en El programa de Ana Rosa, la presidenta ha mantenido el discurso sobre la regularización y el Gobierno central. “Esta coalición corrupta nos va a llevar hasta el final hasta el desastre y cuando ven que no le dan los votos pues empiezan a jugar con los censos”, ha dicho. Según ha señalado, esta medida no ha tenido en cuenta “las consecuencias”. “En otras ocasiones ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo. Se analizaba cada caso y era una España también diferente, donde la inmigración no pasaba de los 860.000, no suponía un porcentaje apenas de la población. Ahora estamos hablando de que España tiene 10 millones de inmigrantes, el 20% de la población, y que todo lo que se hace al margen del estado de Derecho y de la ley no puede funcionar bien”.Según la presidenta, no se puede dar legalidad a un proceso que “no ha pasado por un juzgado” ni cuenta con “la opinión de la policía”. “Ya dicen que 850.000 personas, pero tú puedes ya inscribir a aquellos con quienes tengas arraigo. Hablamos de dos o tres millones”, ha dicho, en referencia a un supuesto efecto llamada, a pesar de que otras regularizaciones extraordinarias ocurridas en el pasado han demostrado lo contrario. El Gobierno central anunció que los hijos menores de las futuras personas regularizadas podrán acceder a la residencia por cinco años, pero la medida no beneficia inmediatamente a todos los familiares. “El Gobierno, y los que Podemos quiere, son inmigrantes pobres, no inmigrantes”, ha zanjado. “En cuanto estos inmigrantes empiezan a prosperar, como dice el presidente [de Colombia], Gustavo Petro, entonces votan a la derecha. Quieren una inmigración que sea de subsidio para que siempre dependan del Gobierno”.Ayuso se ha mostrado preocupada por lo que, supuestamente, esta regularización masiva significaría para los servicios públicos que dependen principalmente de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. “No son ya los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto, es todo lo que puede venir en un país donde faltan médicos”, ha ejemplificado. Ha dicho que si estas personas comienzan a traer a sus familiares, como los padres, no habrá suficientes viviendas o residencias para ellos. Y luego repitió sus palabras del domingo, que esto “no se hace por humanidad, sino por electoralismo”.Varios estudios sobre las consecuencias de la regularización de inmigrantes que se han realizado confirman que los efectos económicos de este tipo de medidas son positivos. El impacto sobre el mercado de trabajo y sobre las finanzas públicas puede alcanzar entre 3.300 euros y 4.000 euros por cada persona regularizada, por el efecto combinado de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, teniendo en cuenta, además, que en comparación el gasto en servicios públicos es reducido.¿Y qué hacemos con las personas que están aquí y que hay que legalizar para poder vivir dignamente? La pregunta la hace Ana Rosa Quintana. Su entrevistada responde volviendo sobre sus ideas: “No puedes decir que ser legal o ilegal es lo mismo, y esto es lo que dice el Gobierno. (…) El Gobierno de Sánchez ya está al margen de la ley, en todo, también en esto. Por lo tanto, ¿qué más da ser legal o ilegal?“. La nueva polémica sirve para darle fuerza a su enfrentamiento político constante con el Gobierno central, al que ha acusado de estar “atado” al poder por la corrupción. “Eres tú, señor presidente, el que durante los últimos años has puesto a tres ministros distintos que han parado la corrupción, el desastre, el desgaste y el desincentivo y la desinversión en la red ferroviaria española. Por eso él debería dimitir”, pidió Ayuso a Sánchez por enésima vez el domingo.