Una juez federal de Minnesota ha rechazado este sábado ordenar la suspensión de la ofensiva contra la inmigración del presidente Trump en Mineápolis. La demanda había sido presentada por las autoridades estatales, que acusan a los agentes federales de abusos generalizados que vulneran los derechos civiles.

La juez federal Kate Menendez, de Minneapolis, afirma que la Fiscalía General de Minnesota había demostrado de forma contundente que las tácticas de los agentes de inmigración, incluidos tiroteos e indicios de perfilado racial, estaban teniendo “consecuencias profundas e incluso desgarradoras para el estado de Minnesota, las Twin Cities y los habitantes de Minnesota”.

No obstante, la jueza señala que un tribunal federal de apelaciones había revocado recientemente una orden judicial mucho más limitada que restringía las interacciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con manifestantes en Minnesota. “Si aquella orden iba demasiado lejos, entonces la que se plantea aquí —detener toda la operación— sin duda lo haría”, ha escrito Menendez, designada por el expresidente demócrata Joe Biden.

La demanda pretende bloquear o limitar una operación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que envió a miles de agentes de inmigración a Minneapolis-St. Paul, lo que desencadenó semanas de protestas y derivó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuya ciudad también figura como demandante, ha dicho estar decepcionado con el fallo, pero ha asegurado que continuará adelante con la demanda. “Esta decisión no cambia lo que la gente aquí ha vivido: miedo, perturbaciones y daños causados por una operación federal que nunca debió tener lugar en Minneapolis”, ha afirmado en un comunicado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, califica el fallo como una victoria “ENORME” para el Departamento de Justicia en una publicación en X. “Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump haga cumplir la ley federal en Minnesota”, ha escrito.
Perfilado racial y detenciones ilegales
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, acusó a los agentes federales de aplicar perfilado racial a ciudadanos, de detener ilegalmente durante horas a residentes con estatus legal y de sembrar el miedo mediante tácticas de mano dura. Ellison, demócrata elegido en las urnas, también acusó a la Administración Trump de atacar a Minnesota por animadversión hacia su orientación política demócrata.

La Administración Trump sostuvo que la operación tenía como objetivo hacer cumplir las leyes federales de inmigración conforme a las políticas del presidente republicano. Algunos funcionarios señalaron que el despliegue terminaría si Minnesota aceptaba determinadas exigencias, entre ellas poner fin a las protecciones legales para las personas que viven en Estados Unidos sin autorización legal.

Las tensiones en Minneapolis-St. Paul se intensificaron tras la muerte, el 7 de enero, de Renee Good, que recibió un disparo dentro de su vehículo por parte de un agente federal de inmigración en un incidente captado en vídeos de testigos que circularon ampliamente. El tiroteo mortal de Alex Pretti por un agente de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero avivó aún más las tensiones, después de que vídeos mostraran que había sido desarmado.

La Administración Trump defendió a los agentes, afirmando que actuaron en defensa propia. Sin embargo, los vídeos de los hechos pusieron en duda esas versiones y alimentaron las demandas para que los agentes fueran procesados penalmente. Las autoridades federales se negaron a cooperar con las investigaciones de las fuerzas de seguridad locales sobre las muertes.

Trump y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, afirmaron haber hablado el lunes y haber mantenido una conversación productiva sobre la desescalada de las tensiones.

Trump ha desplegado agentes federales del orden en varias ciudades y estados gobernados mayoritariamente por demócratas, entre ellos Los Ángeles, Chicago, Washington D. C. y Portland, en Oregón. El presidente afirmó que sus acciones eran necesarias para hacer cumplir las leyes de inmigración y controlar la delincuencia, pero los demócratas acusaron a Trump de abusar de sus poderes como principal responsable federal de la aplicación de la ley.