(Firma: Melchor Sáiz-Pardo | Lugar: madrid)

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer en el pleno del Congreso que el Gobierno convocará «muy pronto» a todos los grupos parlamentarios para estudiar posibles cambios en la Ley de Extranjería. Según explicó, será la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, quien llevará el peso de las negociaciones con los partidos.


Pérez Rubalcaba subrayó que «ninguna ley es inmutable», aunque matizó que el Ejecutivo sólo contemplaría cambios normativos en inmigración si existe «consenso». Se negó a adelantar las posibles modificaciones que se propone el Gobierno, porque antes de plantear ninguna reforma, además de consultar a los partidos del arco parlamentario, quiere hacer un «estudio muy serio» y «reflexionar» sobre si son necesarios cambios para afrontar la actual crisis migratoria provocada por la llegada masiva de cayucos a las islas Canarias.


El ministro insistió en pedir prudencia para no caer en los «errores» del Partido Popular, que – recordó – sacó adelante tres leyes de extranjería diferentes durante los ocho años de su mandato.


Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en el pleno que los acuerdos de España con Marruecos, Mauritania y Senegal servirán para «reducir drásticamente la inmigración ilegal». El jefe del Ejecutivo defendió que su gabinete «trabaja en la dirección adecuada» para poner coto a las avalanchas de clandestinos en Canarias y dijo sentirse «razonablemente satisfecho» del trabajo del Gobierno en materia de extranjería. Sus palabras no contentaron ni al PP ni a Coalición Canaria.


El líder popular, Mariano Rajoy, acusó al presidente de haber traspasado los «límites razonables de la incompetencia y la ineficacia» en la gestión de la extranjería, mientras el número dos del PP, Ángel Acebes, reprochó a la vicepresidenta que ahora ofrezca un acuerdo sobre inmigración para «que los fracasos del Gobierno los [paguen] los demás». La vicepresidenta denunció el «oportunismo de párvulos» de Acebes y acusó al partido de Rajoy de boicotear desde septiembre del 2004 cualquier acercamiento al Gobierno en inmigración. «En lugar de arrimar el hombro, lo que quieren es rompérnoslo», se quejó.


Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero, dijo que la actuación de la Administración central ha convertido el archipiélago en una «olla a presión».


De la Vega, con un tono de inusual dureza con los insulares, recordó al Ejecutivo autonómico que Canarias es la antepenúltima comunidad autónoma en cooperación al desarrollo de los países africanos, y reprochó al Gobierno de Adán Martín que sea el único que no ha firmado el plan de acogida de inmigrantes. «Obras son amores y no buenas razones», apostilló la número dos del Gobierno.