Mineápolis es un laboratorio donde el Gobierno de Donald Trump experimenta hasta dónde puede llegar y, a la vez, cómo se organiza la sociedad civil … para frenar sus operativos. Este viernes el Ejecutivo federal cruzó una nueva línea de las garantías democráticas con la detención de dos periodistas que el pasado día 17 cubrían las protestas en la iglesia Cities Church de Saint Paul, la ciudad gemela que forma parte de Saint Paul – Mineápolis.

«Esta detención es un oscuro mensaje para los periodistas de todas partes: si te atreves a criticar al Gobierno, guárdate las espaldas», advirtió en un comunicado el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, con una conclusión estremecedora. «Esto no es una democracia. Es un estado policial y pura bilis autoritaria», zanjó.

Entre los detenidos se encuentra el antiguo presentador de la cadena CNN Don Lemon, a quien Trump se la tenía jurada desde 2015 por las críticas acérrimas hacia su primera campaña. Una vez en el poder, el círculo conservador ejerció presión sobre el medio por considerar que, con sus críticas contra el apoyo del presidente a los supremacistas blancos, Lemon «demoniza y enfrenta a un grupo étnico contra otro». Pero fueron las acusaciones de misoginia las que le hicieron desaparecer sorpresivamente de antena en abril de 2023, tres años antes de que expirase su contrato. Desde entonces trasladó su programa, ‘The Don Lemon Show’, a un canal de YouTube, desde donde reportaba las protestas para más de un millón de suscriptores.

Este viernes se encontraba en Beverly Hills cubriendo los preparativos de los Premios Grammy que se entregarán mañana, cuando fue detenido por agentes del FBI en conexión con las protestas en la iglesia de Saint Paul – Mineápolis. La periodista independiente de Minesota Georgia Fort también recibió la visita de los uniformados federales a las seis de la madrugada, quienes la esposaron y la trasladaron a los juzgados por órdenes de la fiscal general, Pam Bondi. La medida incluyó también al político local y activista del movimiento ‘Black Lives Matter’ Jamael Lundi, cuya esposa es concejala de la ciudad.

Para justificar sus detenciones el Gobierno de Trump ha recurrido a una ley de 1994 pensada por el Congreso para evitar las intimidaciones de manifestantes antiabortistas en las clínicas donde se llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos para la interrupción del embarazo y, a la vez, proteger el ejercicio de todas las religiones en los centros de culto.

La protesta del pasado día 17 se produjo durante la misa dominical de la iglesia de Saint Paul, en la que el pastor David Easterwood es también supervisor interino de la oficina regional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre treinta y cuarenta manifestantes irrumpieron ese sábado en el templo para denunciar la incompatibilidad moral de ese cargo con su papel de guía espiritual.

«Que no haya dudas», le defendió Bondi en un vídeo publicado en la plataforma X tras las detenciones. «Bajo el liderazgo del presidente Trump y de esta Administración, ustedes tienen derecho a practicar su fe de forma libre y segura. Y, por si no ha quedado ya lo suficientemente claro, si violan ese derecho sagrado, iremos a por vosotros».

En la acusación contra los periodistas imputados no se les considera profesionales cubriendo la información, sino «agitadores profesionales». La norma a la que ha recurrido el Gobierno prohíbe el uso de la fuerza, las amenazas o la intimidación para impedir que una persona ejerza su derecho a recibir un servicio protegido o a practicar su religión y se añade el cargo adicional de conspiración para privar de derechos civiles.

Se trata, sin duda, de una acusación curiosa para un periodista afroamericano nacido en Luisiana como hijo ilegítimo de una madre de color y un abogado de los derechos civiles. A lo largo de su carrera, Lemon, de 59 años, se ha caracterizado por denunciar el racismo estructural, la violencia policial y la discriminación racial en Estados Unidos, especialmente a raíz de casos como el de Ferguson, George Floyd o Breonna Taylor, que lo han conectado con el movimiento de ‘Black Lives Matter’.

Paradójicamente, una semana después de la muerte de Alex Pretti, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre las circunstancias que rodearon su muerte, amparándose en el estándar que involucra penas menos severas: el de la violación de los derechos civiles. La indignación popular ha servido para que se cuestione si su derecho a la libre expresión estaba siendo violado cuando los agentes le rociaron con gas pimienta, le tumbaron en el suelo y lo acribillaron a balazos solo por portar un arma, que nunca intentó desenfundar. Esta última parte es la que ha indignado a los amantes de las armas, muchos de ellos seguidores de Trump.

La pesquisa, que ahora estará dirigida por el FBI con el apoyo de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, fue mencionada casualmente durante la conferencia de prensa en la que anunció la difusión de los archivos Epstein. Todd Blanche dijo que el se revisarán vídeos, testimonios y otras pruebas para determinar si hubo una conducta indebida por parte de los agentes implicados y si se violaron derechos constitucionales en el uso de la fuerza, una decisión que marca un giro respecto a la renuencia inicial del Gobierno a investigar casos similares en la ciudad.

Hasta el día de hoy, las autoridades de Minesota, que llegan a cabo su propia investigación, no conocen siquiera el nombre de los dos agentes en baja administrativa por descargar sus armas de fuego contra Pretti. «Para que se hagan una idea de lo insólita que es esta situación, estamos obteniendo la información a través de los medios de comunicación… nada del Gobierno federal», denunció a ‘The Intercept’ la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, que encabeza las investigaciones locales sobre las muertes del enfermero y Renee Good.