No veo mejor manera de tildar a la ICE (en su traducción al castellano sería el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) como la Gestapo de Donald Trump. Lo que hemos podido ver en diversos vídeos en los últimos días en Minneapolis, donde la Casa Blanca ha desplegado hasta tres mil agentes que actúan con total impunidad, no ha podido causar más terror, indignación y preocupación a nivel mundial por la agresividad y la violencia con la que actúan, sintiéndose totalmente impunes pasando por encima de la propia la Constitución norteamericana.

Estos matones no tienen ningún reparo en disparar a quien sea (sin que haga falta que sus víctimas se resistan, como ha ocurrido con los asesinatos a Alex Pretti y a Renée Good), en detener a menores de incluso cinco años, en realizar indiscriminadamente redadas racistas (independientemente de si las y los migrantes perseguidos tienen permiso de residencia o no), en detonar granadas para disolver concentraciones o en rociar a la cara con gas lacrimógeno a quienes les grababan y les reprochaban sus sucios métodos. Con este ambiente hostil y peligroso, resulta imposible no establecer paralelismos con periodos que pensábamos superados, pero este siglo XXI va camino de ser una copia y pega de atrocidades como fue la persecución nazi contra el pueblo judío (esta semana se conmemoró el ochenta y un aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz).

Obviamente en una democracia no pueden darse este tipo de vulneraciones de los derechos humanos. Confío en que la masiva respuesta popular que ha habido en las manifestaciones luchando contra estos abusos (es raro que en Estados Unidos triunfe algo colectivo aunque sea para reivindicar derechos sociales) sirva para frenar esta escalada de violencia institucional, aunque soy consciente de que la valentía a veces se ve truncada por culpa del miedo a las posibles represalias.

Algo que han venido haciendo todos gobiernos de diferente signo en España a lo largo de la democracia ha sido la de regularizar la situación de personas que viven y trabajan en nuestro país (ningún ser humano es ilegal, aunque la derecha hable de «efecto llamada» y la ultraderecha de «invasiones»). Celebro y aplaudo que también en este momento se vaya a regularizar a más de 500.000 personas (y más en este contexto internacional en el que se persigue al migrante en vez de abrirle las puertas a que contribuya como cualquiera a la prosperidad de nuestra nación). Lógicamente tendrán que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que deberán acreditar que viven en España antes del 31 de diciembre de 2025 (con permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses).

En ningún caso esta regulación supondrá la obtención de la nacionalidad española, que es uno de los bulos que andan circulando, por lo que esta medida no servirá para alterar los censos para beneficios electorales (y si lo hicieran en muchos casos quien saldría beneficiada sería la derecha, y no hay mejor ejemplo que analizar la tendencia de voto del colectivo latinoamericano en la Comunidad de Madrid). Diversos informes avalan que este tipo de medidas son positivas para el conjunto de la sociedad porque se aumentarán los ingresos públicos tanto en impuestos como en cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo. Por tanto es una forma de acabar con la llamada economía sumergida, luchar contra estos abusos a las trabajadoras y trabajadores e integrar a todas esas personas en el sistema que les da los mismos derechos y obligaciones que tenemos las y los españoles.

Si en algo ha sido incapaz la oposición de criticar a Pedro Sánchez desde 2018 es en todo lo que rodea al campo económico (a pesar de llevar tres años consecutivos con los presupuestos prorrogados). En parte se explica porque en estos momentos estamos trabajando en España más personas que nunca antes (somos 22,46 millones de personas ocupadas y la tasa de paro está por debajo del 10% por primera vez desde 2008) y obviamente no hay margen de maniobra para rebatir estos buenos datos. Además, ayer mismo el FMI certificó que nuestro PIB ha superado los dos billones de dólares de capacidad productiva anual.

Por supuesto que no hay que conformarse con estos datos macroeconómicos y más reconociendo que en nuestro país mantenemos un grave problema histórico con el acceso a la vivienda, lo que frena proyectos de vida, ahoga a las familias a un gasto inasumible acorde a su nivel de ingresos y desequilibra el reparto de la riqueza. Confío en que se encuentre la clave y la manera de revertir este problema, al igual que espero que todas las medidas sociales que se contemplaban en el llamado «decreto omnibus» (entre otras, la subida de las pensiones) y que tumbaron PP, Vox y Junts este pasado martes, se puedan aprobar próximamente.