«Toda política es local», señaló Tip O’Neill, el que fuera speaker de la Cámara de Representantes de EEUU. La Constitución española otorga la dirección de la política interior al Gobierno de la Nación (artículo 97). En un sentido amplio podemos afirmar que la política interior es así toda la actividad pública destinada al bien común de los ciudadanos que no guarda relación directa con los intereses de otros Estados u organismos supranacionales. A mediados del siglo XIX el maestro compostelano Manuel Colmeiro destacaba entre «los negocios administrativos», aquellos que consisten en «promover la paz interior o la conservación del orden, primera necesidad de los pueblos, requieren el empleo de medios ya preventivos, ya represivos, según los casos. Precave con su vigilancia para impedir los atentados contra la seguridad y tranquilidad del estado y contra las personas y la propiedad de los ciudadanos: reprime usando de la fuerza para reducir a la debida obediencia a los rebeldes».

Pues bien, en la actualidad corresponde ese cometido dentro del Gobierno al ministro del Interior, cuya primera y principal responsabilidad es promover las condiciones materiales para que los ciudadanos puedan ejercitar plenamente sus derechos fundamentales. Ostenta el mando superior sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inexorablemente unidas a la misión que la Constitución les otorga de proteger el ejercicio de las libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104 CE). El Gobierno de la Nación es por tanto titular de la competencia exclusiva que la Constitución le asigna sobre la seguridad pública; una competencia sobre la seguridad que, sin embargo, admite la intervención de las Comunidades Autónomas a través de los cuerpos de policía autonómica. Estos años de andadura constitucional han puesto de manifiesto la necesidad de reorientar las actividades de las distintas Administraciones que confluyen sobre la seguridad pública. El Gobierno de la Nación, a través del titular de Interior, debe reforzar su rol de principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, estableciendo nuevos mecanismos de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Atender a la seguridad de los ciudadanos es la primera misión que corresponde a los poderes públicos en una democracia avanzada: garantizar la seguridad de todos para que las libertades puedan ejercerse por todos, y prevenir la criminalidad. Como escribió Cesare Beccaria: «es mejor prevenir los delitos que penarlos el fin de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad o a la menor desgracia posible». Por su parte, la investigación de los delitos se realiza por medio de la policía judicial que está al servicio de fiscales y jueces.

Toda la compleja materia de extranjería y su legislación deben guiarse por los criterios más razonables para la integración en España de los inmigrantes que acrediten un arraigo en el país, evitar los flujos migratorios y el llamado «efecto llamada». El ministro del Interior tiene que luchar contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. El trágico episodio del asalto a la valla de Melilla, en junio de 2022, con 23 fallecidos, es sin duda una de las más graves tachas en la errática trayectoria del actual ministro del Interior, que encuesta tras encuesta es el ministro peor valorado por los ciudadanos y cuya permanencia a estas alturas en el cargo resulta sencillamente inexplicable. La situación geográfica de España como país de primera línea obliga a redoblar el esfuerzo de vigilancia de nuestras fronteras exteriores que son también las fronteras de la UE. El ministro del Interior tiene que saber armonizar la expulsión de extranjeros con las disposiciones de la UE, pues la Comisión Europea ya ha avisado en varias ocasiones a Grande – Marlaska por incumplir la trasposición de la directiva que regula las deportaciones de inmigrantes, en particular las medidas de retorno individuales para los menores no acompañados, que también han sido censuradas por el Tribunal Supremo.

Pero es imposible cumplir las funciones de ministro del Interior sin contar bajo su mando con unos profesionales de la seguridad pública motivados y llenos de legítima ambición profesional. Es urgente la equiparación administrativa y salarial de nuestras fuerzas de seguridad del Estado con los demás cuerpos policiales y el establecimiento en el Cuerpo Nacional de Policía de un sistema de provisión de puestos de trabajo en el que se cumplan los requisitos de transparencia y objetividad. La reconfiguración de la organización de la Guardia Civil se ha de hacer respetando su peculiar naturaleza jurídica. Pero no hay que olvidar otras muchas actuaciones que son también de la responsabilidad del ministro del Interior (instituciones penitenciarias, protección civil, tráfico y seguridad vial) y, muy en especial, la actividad del ministro sobre los procesos electorales, que implica, en fin, la garantía administrativa del ejercicio de nuestra democracia.

Alfonso Villagómez Cebrián

es magistrado y doctor en Derecho administrativo