El Ayuntamiento de Bilbao se desmarca del criterio del Gobierno Vasco y no publicará a partir de ahora en comunicaciones oficiales y notas de prensa … el origen geográfico de las personas detenidas o investigadas por delitos. Hay dos razones de peso a la hora de justificar la medida: conocer la procedencia de los arrestados, subraya el Consistorio, «no justifica la actividad delictiva ni aporta nada». En segundo lugar, vincular «inmigración a delincuente es un gravísimo error que lo único que genera es sensación de inseguridad», según defendió ayer Amaia Arregi, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.

No aplicará por tanto en la Policía Municipal el criterio que mantiene desde hace unos meses el Gobierno Vasco para la Ertzaintza. Se trata de un posicionamiento similar al de Donostia, donde la Guardia Municipal nunca ha facilitado ese tipo de información en las escasas notas de prensa que remite a los medios, y «por el momento» no hay sobre la mesa ningún planteamiento que haga pensar en un cambio de criterio en sentido contrario, según indican a este periódico fuentes del Consistorio.

Se trata de una cuestión que ha entrado de lleno en la agenda política y que viene siendo objeto de numerosos debates en Gipuzkoa. El último de ellos, el pasado lunes en las Juntas Generales, donde el Parlamento del territorio rechazó, con los votos de PNV, PSE y PP, una propuesta de resolución presentada por Elkarrekin y apoyada por EH Bildu, en la que se pedía al departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que mantenga su política informativa anterior sobre los delitos que se cometen en Euskadi. Es decir, que «no comunique la procedencia u origen de las víctimas y presuntos autores de delitos».

Entre otras razones, según defienden ambas formaciones, porque «representa un peligroso e inaceptable retroceso (…) y una ruptura unilateral con dos décadas de compromiso ético y social en Euskadi». Defienden que supone romper con el acuerdo alcanzado hace 25 años, cuando una treintena de medios de comunicación vascos firmó el Pacto Social y Mediático, respaldado por el Ararteko, que establecía el compromiso de no mencionar el origen de las personas involucradas en delitos «para prevenir la estigmatización».

Elkarrekin se remite a SOS Racismo para alertar de que «al señalar el origen en hechos delictivos, se produce una generalización perjudicial que criminaliza a toda una comunidad o colectivo y retroalimenta esta estigmatización». La iniciativa no logró salir adelante el lunes en Gipuzkoa, y en esta ocasión el asunto llegó ayer al pleno municipal de Bilbao de la mano del PP y Elkarrekin, con sendas proposiciones antagónicas: los populares pedían hacer público el origen de las personas detenidas, y los morados garantizar que no se haría. Ambos se debatieron al mismo tiempo con los argumentos conocidos.

Con todo, el Gobierno local afrontó el tema de un modo algo difuminado para evitar que la discrepancia entre administraciones del mismo signo no fuera demasiado estridente. Finalmente, salió adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno, apoyada por PNV, PSE y EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin y el rechazo del PP, en la que se insta al ejecutivo local a «reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo a las características propias de los distintos barrios».

El debate regresa tras una semana en la que el lehendakari, Imanol Pradales, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Ertzaintza pueda colaborar con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado para «coparticipar en el procedimiento de expulsión de migrantes».

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha querido ser muy cauto durante estos días precisando que el lehendakari «en ningún momento mezcló seguridad e inmigración».