En 2012, los tribunales fallaron en sentido opuesto y se argumentó que un centro de Pozuelo había actuado cumpliendo su reglamento interno
Más de 30 organizaciones feministas denuncian al Instituto de las Mujeres por «legitimar la imposición del velo» en las aulas: «No es negociable»La expulsión de una alumna por acudir con velo islámico a clase ha vuelto a colocar a la administración educativa y al poder judicial en el centro de un debate que España lleva años aplazando: qué hacer con los símbolos religiosos en la escuela pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño ha dado la razón a Eman Akram, estudiante de Bachillerato del IES Práxedes Mateo Sagasta, al considerar que impedirle entrar en el aula con velo vulneró su derecho fundamental a la libertad religiosa. La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, obliga a indemnizarla con 2.000 euros por daños morales.

La juez rechaza expresamente el argumento del centro, que había equiparado el hiyab a «gorros, gorras, viseras, capuchas o boinas», y califica esa comparación de «simplista y frívola». En su razonamiento subyace una idea central: no se trata de una prenda cualquiera, sino de un símbolo vinculado al ejercicio de un derecho fundamental, el recogido en el artículo 16 de la Constitución. La abogada de la menor, por cierto, es Henar Moreno, militante del Partido Comunista de España e Izquierda Unida desde 1991 y, actualmente, diputada en el Parlamento de La Rioja de IU-Podemos.

La Consejería de Educación de La Rioja, del PP, acata el fallo y lo ha trasladado de inmediato a la dirección del instituto para su cumplimiento, como ha informado a este diario. Si bien en su comunicado deja entrever un problema estructural: «Ante la ausencia de una normativa estatal común y un criterio único para todos los centros educativos», las decisiones sobre el uso del velo han recaído hasta ahora en los reglamentos internos de cada instituto. Esa es, precisamente, la grieta por la que se cuela la judicialización. La propia sentencia recuerda que la respuesta habitual de los tribunales españoles había sido, hasta este caso, «dar primacía a la potestad de autoorganización del centro». Es decir: sin ley estatal, mandaban las normas internas.

En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la actuación de un instituto de Pozuelo de Alarcón que prohibió el hiyab en clase amparándose en su reglamento interno. Entonces, la balanza se inclinó hacia la autonomía organizativa del centro y no hacia la libertad religiosa de la alumna. La sentencia de Logroño marca una inflexión: por primera vez un juzgado declara nula una decisión educativa por vulnerar un derecho fundamental. Sin embargo, entre la jurisprudencia que la juez recoge está una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 por la que se anulaba otra del TSJ de Cataluña y también una ordenanza municipal que prohibía el velo integral en espacios públicos. Aunque hay que recordar que en ese caso no hablábamos de aulas, sino de todo el espacio público. Ni tampoco del hiyab, sino de un velo integral.

El caso de los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre
Para Carlos Bardavío, abogado y doctor en Derecho Penal especializado en libertad religiosa, el caso ilustra una tensión clásica del constitucionalismo: ningún derecho fundamental es absoluto. «Siempre hay que hacer una ponderación de bienes jurídicos», explica, igual que ocurrió en el conocido conflicto entre padres Testigos de Jehová y el derecho a la vida de sus hijos cuando se negaban a transfusiones de sangre. En ese precedente, el Tribunal Constitucional concluyó que los padres no podían ser condenados penalmente por respetar su fe, pero al mismo tiempo estableció que el Estado estaba obligado a intervenir para salvar la vida del menor. La libertad religiosa fue respetada, pero no hasta el punto de permitir un resultado letal.