M. SÁIZ-PARDO/MADRID

El presidente Rodríguez Zapatero, prometió ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados que los acuerdos de España con Marruecos, Mauritania y Senegal servirán para «reducir drásticamente la inmigración ilegal». El jefe del Ejecutivo defendió que su gabinete «trabaja en la dirección adecuada» para poner coto a las avalanchas de clandestinos en Canarias y dijo sentirse “razonablemente satisfecho” del trabajo del Gobierno en materia de extranjería. Sus palabras no contentaron ni al PP ni a Coalición Canaria.

La inmigración marcó la primera jornada parlamentaria del curso con más de una docena de preguntas al Gobierno en el Congreso y el Senado, la mayoría del Partido Popular, que pidió en al menos tres ocasiones la dimisión de los dos ministros con competencias en extranjería, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba.

El enfrentamiento entre los ‘populares’ y el Gobierno frustró en menos de 24 horas las expectativas de un pacto de Estado sobre inmigración. El líder de los populares, Mariano Rajoy, acusó al presidente de haber traspasado los «límites razonables de la incompetencia y la ineficacia» en la gestión de la extranjería.

Boicot

De la Vega, horas antes en el Senado, había reiterado los llamamientos al entendimiento con el PP, al que pidió «un poquito más de voluntad e imaginación» para resolver la actual crisis. Tras los ataques de los pesos pesados del PP, la vicepresidenta cambió el discurso y acusó al partido de Rajoy de boicotear desde septiembre de 2004 cualquier acercamiento al Gobierno en inmigración. En lugar de arrimar el hombro, lo que quieren es rompérnoslo, se quejó.

Coalición Canaria estuvo también en primera línea de las críticas al Gobierno en las dos cámaras, lo que ahondó el cisma abierto con el Ejecutivo socialista por su gestión de las crisis migratoria. El portavoz de la formación insular, Paulino Rivero, dijo que la actuación de la Administración central ha convertido el archipiélago en una «olla a presión» y reprochó a Zapatero que no haya movilizado los medios suficientes para evitar las más de 3.000 muertes que, según Rivero, se han producido en las aguas atlánticas que separan las costas africanas de Canarias.