Es un error pensar que se mueve por cualquier otro interés que no sea el estrictamente personal. Ahora ha decidido

imponer una regularización masiva

para alterar el censo electoral y complacer a sus socios de la izquierda radical y antisistema de Podemos y Sumar. No hay que sorprenderse, porque es coherente con una estrategia característica de la izquierda castrista, sandinista o chavista. Las instituciones tienen que estar al servicio del líder y el Poder Ejecutivo tiene que someter al resto de los poderes del Estado. Por supuesto, el objetivo fundamental es alterar el censo en las municipales mientras hace lo mismo con nacionalizaciones masivas, más de 250.000 cada año, así como por la aplicación de las antiespañolas leyes de la memoria histórica que solo buscan la división. Desde que llegó al poder, ha conseguido incrementar la población por medio de una inmigración que espera le resulte útil en las elecciones generales. No le importa que sea un auténtico disparate y que tenga un coste multimillonario a la vez que tensiona todos los servicios públicos, mientras le pueda dar votos.

Es cierto que no sabemos qué van a votar, pero la euforia del sanchismo político y mediático es un claro indicador de la estrategia que subyace en

esta inquietante iniciativa populista. Se hace sin buscar ningún tipo de consenso y orillando, por supuesto, a las Cortes. Nada le puede gustar más que gobernar a golpe de decreto mientras sus palmeros critican a Trump por utilizar las órdenes ejecutivas, aunque respetando, como no hace él, al Congreso y al Senado en las materias que constitucionalmente le corresponden. En cambio, no ha presentado el proyecto de Presupuestos y la prórroga proviene de un texto de la pasada legislatura. Los regularizados procedentes de Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra y los países iberoamericanos podrán solicitar la nacionalidad tras solo dos años. El resto no tiene que preocuparse, porque el sanchismo buscará la fórmula que lo permita. Hemos pasado del clientelismo de la Restauración a uno nuevo que es a golpe de BOE, como muy bien señalaba ayer

el PP. El Gobierno no quiere organizar el fenómeno migratorio y buscar que tenga un importante valor añadido. Ni siquiera le importa que haya delincuentes que se beneficien de la norma.

Francisco Marhuenda.

De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)