Rocío Ruiz

mADRID – La crisis que vive Canarias por la oleada de cayucos ha obligado
al Gobierno a desvestir a un santo para vestir a otro. Al menos un
centenar de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UCI) de Madrid
y Barcelona destinados habitualmente a vigilar la entrada de «pateras
rodantes» por las carreteras secundarias de los Pirineos, el punto más
caliente de entrada de irregulares, junto con el aeropuerto de Barajas,
hizo ayer las maletas rumbo a Canarias.
Su nueva misión consiste en
reforzar la vigilancia de los centros de internamiento y de acogida de las
islas por la amenaza de fuga de irregulares que esperan en estos centros a
que el Gobierno los traslade a la Península y una vez allí los deje en
libertad ante la imposibilidad de ser repatriados. Sin embargo, este
procedimiento ya rutinario ha empezado a complicarse después de que en los
últimos días policías senegaleses se trasladaran expresamente a Canarias
para identificar a sus nacionales y así poder proceder a repatriarlos a su
país de origen, en lugar de trasladarlos a la Península, como los «sin
papeles» esperan.
Vigilancia ineficaz
El
envío de los policías españoles, por un periodo de al menos dos meses, se
produce después de que la Confederación Española de Policía remitieran un
escrito al Consejo de Policía en el que advertía al ministro del Interior
del riesgo de fugas de los extranjeros retenidos y de la imposibilidad de
evitarlo por la escasez de efectivos. Detallaba que motines, riñas o
tumultos serían imposibles de contener, ya que por cada 300 «sin papeles»
hay un policía para vigilarlos. Los traslados para mejorar los controles
se ordenaron el martes y entre hoy y mañana todos los efectivos estarán en
Canarias.
Así, las carreteras secundarias de Lérida, Gerona y
Aragón, hasta ahora vigiladas por unidades especiales de la Policía,
quedan sin custodia, a pesar de que son la vía de entrada de todos los
inmigrantes irregulares rechazados en los puestos habilitados por los
Pirineos. En concreto, «vuelan» 25 efectivos destinados hasta ahora en La
Junquera, la carretera de Tàpis y Massanet, el puesto de Port – Bou y Le
Perthus. Otros tantos de Puigcerdà(Gerona) y carreteras adyacentes, además
de otros dos grupos de Les y de Jaca.
La vigilancia de todas las
carreteras comarcales tiene una especial importancia, ya que sólo por los
Pirineos han entrado en los cuatro primeros meses del año más del doble de
rumanos y búlgaros que de subsaharianos han llegado a Canarias en casi
nueve meses (25.000), a pesar de haber batido marcas históricas. De hecho,
un informe interno de la Comisaría General de Extranjería del que se hizo
eco este periódico en mayo pasado admitía abiertamente que todos los
indocumentados a los que les era denegada la entrada en España por los
puestos habilitados «acceden por carretera a la Península y, en ningún
caso, regresan a sus países de origen, aunque para ello tengan que
recorrer miles de kilómetros (por carreteras secundarias)».
La labor de la Policía senegalesa ya ha dado frutos. El ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, anunciaba ayer con cautela que ya habían empezado
las repatriaciones al país africano. «No se pueden dar muchos detalles y
es un asunto que hay que llevar con discreción porque a los países que
repatrían a sus inmigrantes no les gusta que se haga publicidad, porque en
sus opiniones públicas esta repatriación no es agradable», declaró a RNE.
Los sindicatos daban cuenta en el escrito remitido al ministro del Interior
de la escasez de efectivos en los centros de internamiento y acogida de
las islas. Así, en el de Las Raíces se habían contabilizado hasta 800
inmigrantes y dos agentes por turno, mientras que en el de Las Raíces «B»,
ha habido hasta 2.300 vigilados sólo por cuatro efectivos por turno. En La
Isleta, en la isla de Gran Canaria, 3.400 subsaharianos han estado
custodiados sólo por seis agentes por turno de la UIP.
Traslado
de menores
Por otra parte, el Gobierno trasladará a la Península a
los menores inmigrantes llegados a Canarias de forma irregular y se hará
cargo de los gastos que supongan su traslado y acogida. Lo adelantó ayer
el ministro de Trabajo en una sesión de control en el Senado centrada casi
de forma exclusiva en la inmigración.
El Ejecutivo accede así a
una de la peticiones más reiteradas por Canarias, la de distribuir en la
Península no sólo a los adultos sino también a los menores. No especificó
el número de menores que viajarán ni qué regiones los acogerán, informa
Diana Valdecantos.