Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado este miércoles muy crítica con la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles que ha aprobado el Gobierno de España y a la que se opone la derecha, representada por el PP, y la extrema derecha, que encabeza Vox. La presidenta de Madrid cree que se trata de una “burla a la ley” y un “homenaje a la impunidad”. A su entender, la medida extraordinaria del Gobierno de Pedro Sánchez aprobada en el Consejo de Ministros por decreto, sin pasar por las Cortes, “no se vincula al mercado de trabajo y va a crear graves dificultades para gestionar algunos servicios públicos”. Ayuso colisiona en esta ocasión con la Iglesia católica, con la que suele estar de acuerdo. De hecho, este rechazo a la regularización supone un cambio de postura del PP, que en 2024 votó en el Congreso a favor de una iniciativa legislativa promovida por la Conferencia Episcopal. La presidenta se ha referido a este asunto con mucha dureza: “Esto redunda en un sobrecoste de la Administración. A estas personas se las atendía en servicios de urgencia, emergencia, en la sanidad o la educación obligatoria. Ahora se añaden otras prestaciones, mientras el Gobierno da cifras a vuelapluma: 500.000 (inmigrantes). Según Funcas (un think tank), 850.000″. Afectará, según ella, al funcionamiento de las residencias de ancianos, la dependencia, la vivienda pública, la educación obligatoria. “Esto se está haciendo con fines electoralistas, sin ningún rigor. (…). Esto es una trampa para alterar el censo electoral”, ha insistido. Esta última idea coincide con las de J. D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y otros miembros de la Casa Blanca, que sostienen que los demócratas buscan cambiar la demografía en su país para, a la larga, ganar elecciones, dando por hecho que los regularizados, que con los años podrían optar al voto, se inclinan por la izquierda. No se ha quedado ahí, Ayuso ha ido aún más lejos. Considera que la regularización es “injusta” con los inmigrantes que llevan tiempo trabajando en España, “cumpliendo las leyes, sabiendo esperar”. Ha señalado que en contra también se han mostrado jueces y policías. Por si acaso, ha querido dejar claro que tampoco está a favor de las expulsiones masivas: “Nada exaltado lleva a buen puerto, la demagogia debilita al Estado de Derecho”.En una rueda de prensa que ha dado después del Consejo de su Gobierno, que se celebra todos los miércoles, en esta ocasión en San Sebastián de los Reyes, también se ha referido al accidente ferroviario que le costó la vida a 45 personas en Córdoba. En primer lugar, se ha referido, sin citarlo, al homenaje laico que el Gobierno central se ha visto obligado a suspender al no encontrar consenso sobre la fecha con las víctimas y sus familiares. Ella ha dejado claro que debe hacerse “una misa en señal de duelo”. “La forma que siempre hemos tenido en España de despedirnos y honrar a los muertos”, ha añadido. Para Ayuso, el Gobierno “pretende comprar a las víctimas de los trenes”. Hace tres días, Pedro Sánchez aprobó entregar 72.000 euros a fondo perdido por cada una de las víctimas mortales y anticipar otros 72.000 por el seguro de responsabilidad civil, a lo que se sumará otro tanto por la cobertura obligatoria. Los heridos recibirán entre 4.800 y 168.000 euros. Por alguna razón, la presidenta se ha mostrado disconforme. “No le va a devolver la vida a nadie”, ha finalizado.La presidenta también ha atacado a las víctimas de los muertos en residencias en Madrid durante la pandemia. Ha dicho que se tratan de “plataformas de frustrados de la izquierda madrileña” que son jaleadas por “los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas y por lo que el Gobierno nunca dio explicaciones”. Estas plataformas se reunirán la noche del jueves para protestar en el acto en homenaje a las víctimas que se va a celebrar en la Catedral de la Almudena mediante una misa.