Al menos medio millón de personas extranjeras podrán acogerse a una regularización extraordinaria una vez esté aprobado el real decreto en el que trabaja el Gobierno para satisfacer una de las exigencias de Podemos. Lo previsible es que más de la mitad pueda optar a la nacionalidad española en dos años, lo que a medio plazo implicaría que quienes lo hagan —y consigan— puedan votar en elecciones generales y autonómicas.

Lo que está descartado es que esta regularización masiva, con la que el Gobierno pretende dar papeles a todos los inmigrantes que lleven cinco meses viviendo en España con anterioridad al 31 de diciembre del 2025, permita votar a los que se acojan a ella en los comicios del 2027. Por plazos es legalmente imposible porque, en el mejor de los casos, las personas extranjeras solo pueden optar a la nacionalidad una vez llevan viviendo de forma legal en el país dos años.

La norma general es que los extranjeros pueden pedir nacionalizarse cuando llevan diez años residiendo de forma legal en España. Un requisito que se reduce a cinco para quienes accedieron al país con estatus de refugiado y a dos para procedentes de Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, países latinoamericanos o con origen sefardí. Aunque desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remarcan que es imposible determinar la nacionalidad de quienes se regularizarán, lo esperable es que la mayoría tengan cuna latinoamericana.

En otras palabras, salvo vuelco estadístico, la mayoría de quienes decidan regularizar su situación podrá optar a la nacionalización dos años después de hacerlo. No en vano, según datos de Migraciones, dos de cada tres personas que regularizan su situación en España por arraigo —la herramienta por la que se permite la residencia en el país a quienes demuestren un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años en el mismo— proceden de América Latina.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, más del sesenta por ciento de las personas obtienen la nacionalidad entre tres meses y un año después de solicitarla. En cualquier caso, explican, para optar a ella la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, y se exige, además del plazo, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales e integración en la sociedad española mediante exámenes del Instituto Cervantes sobre conocimientos lingüísticos, constitucionales y socioculturales.