El PP quiere abanderar el rechazo al acuerdo entre el Gobierno y Podemos para llevar a cabo una regularización que afectará a medio millón de inmigrantes. El pacto, que no tendrá que pasar por el Congreso al ser un real decreto, tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) de 2024 que se quedó en un cajón guardada, y a partir de ahora garantizará papeles para aquellas personas que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, que puedan acreditar al menos 5 meses de residencia y que no tengan antecedentes penales. El partido de Alberto Núñez Feijóo lo rechaza de plano al considerar que se trata de una regularización masiva encubierta y que solo atiende a la voluntad del Gobierno de desviar el foco tras la tragedia de Adamuz, además de contentar a sus socios parlamentarios.
La formación defiende que se trata de una «temeridad» que no vaya a pasar por el Congreso ni obligue a un respaldo parlamentario suficiente y alertan de que provocará «el mayor efecto llamada que se puede hacer» permitiendo la regularización de personas que han entrado ilegalmente hasta este verano.
En realidad, el PP cree que esa temeridad es todavía mayor teniendo en cuenta la ola restrictiva por la que ha apostado toda Europa. Independientemente del signo político del Gobierno, todos los países similares a España en la Unión, están avanzando a un mayor control en las fronteras y a frenar en seco la entrada de extranjeros en sus países.

De hecho, fuentes de Génova confirman que Feijóo llevará este acuerdo a la reunión que mantiene con el PP europeo este viernes en Zagreb (Croacia).
El líder del PP acude a la cita con varios frentes abiertos Venezuela y el Mercosur y ahora añadirá la política migratoria de Sánchez, «única en toda Europa y que va en sentido contrario» del resto del continente. En el núcleo duro de Feijóo llegan a afirmar que esta regularización infringe directamente el pacto migratorio europeo al que están sujetos todos los estados, confirmando que el dirigente gallego «lo denunciará» ante el primer ministro alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión, la también alemana Ursula von der Leyen.
El PP lleva un año y medio endureciendo su política migratoria, en línea, en realidad, con el resto de países europeos. En este momento la propia Comisión abraza iniciativas como los centros de externalización propuestos por Giorgia Meloni con países vecinos para dar salida a los inmigrantes ilegales. Cuestiones que no hace tanto eran impensables en la agenda europea. La fuerza de la extrema derecha en todo el continente ha influido mucho en estas posiciones. En España el PP compite seriamente por el discurso de la inmigración con Vox, que aboga por dar pasos más allá como la expulsión de extranjeros. En Génova creen haber ocupado buena parte del espacio con su plan migratorio, presentado el pasado otoño en Barcelona.

Internamente, además de la presión de Vox, también está la posición que mantiene la Iglesia, y que de nuevo ha celebrado el acuerdo para regularizar. Tanto Cáritas como el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que «es un complemento imprescindible al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias», en línea con la posición que ya mantuvieron cuando la ILP llegó al Congreso hace un año y medio. De hecho, la presión de la Iglesia fue muy importante para convencer al PP de que apoyara la admisión a trámite de la misma, y permitir, al menos, que se iniciara el debate.

En realidad, los populares ya dejaron claro entonces que presentarían enmiendas y que no estaban dispuestos a apoyar sin más la iniciativa. Pesó mucho el apoyo que tenía la propia ILP: más de 900 organizaciones sociales, sindicales y de distinta índole dieron su respaldo, con un aval que superó las 700.000 firmas.

A partir de ahí el PP insistió en que cualquier regularización debía ser individualizada y cumplir con unos requisitos muy claros: no tener antecedentes penales ni tampoco ser reincidente; haber solicitado previamente una autorización de residencia o trabajo y tener una propuesta de contrato laboral o haber realizado antes una actividad económica, entre otras cuestiones. Durante meses los trabajos continuaron, pero fue la vinculación de Junts a conseguir la transferencia de las competencias en inmigración para Cataluña lo que hizo saltar por los aires todo. Los populares, en todo caso, no estaban dispuestos a avanzar si no se tenían en cuenta sus enmiendas mientras el resto de países europeos daban pasos atrás.
Ahora, con este acuerdo de Gobierno y Podemos el texto ni siquiera tendrá que pasar por el Congreso. En Génova insisten en que Sánchez necesita abrir debates que quiten presión al Ministerio de Transportes por la tragedia ferroviaria de Córdoba y el caos que reina en Barcelona a cuenta de Rodalies desde hace días.