La regularización de medio millón de personas en situación ilegal aprobada el martes por el Gobierno ha sido acogida con una mezcla de estupor e indignación por los expertos en la lucha contra la inmigración ilegal consultados por ABC.

«Es una locura; el efecto llamada ha sido inmediato… En las redes sociales ya hay mensajes que animan a viajar a España porque aquí se consiguen papeles muy fácilmente y esto va a provocar, sí o sí, un aumento de la actividad de las mafias de trata de seres humanos. Y la primera consecuencia de ello es que aumentarán las muertes en las rutas de inmigración más peligrosas, sobre todo la atlántica, donde pierden la vida en torno al 30 por ciento de las personas que se embarcan en un cayuco».

Caminando Fronteras, la ONG que asegura que los que salen de las costas africanas nunca llegan a nuestras costas, una cifra que las Fuerzas de Seguridad no confirma en público pero que fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC la dan por buena. «Con este proceso de regularización masiva del Gobierno el número de personas que van a salir en los próximos meses de allí se va a multiplicar, así que por lógica el número de los que van a morir también», advierten.

Pero para los que combaten a diario la inmigración ilegal la medida supone además un fuerte golpe anímico, porque mientras la Policía y la Guardia Civil se están dejando la piel sobre el terreno para intentar que nadie suba a los cayucos, y en un momento en el que se habían conseguido reducir de forma importante las cifras de inmigrantes irregulares que llegan a España, el Gobierno decide premiar a aquellos que han entrado en nuestro país de forma ilegal. «No lo reconocerán, pero el efecto llamada es inevitable», insisten las fuentes.

«Eso es fomentar la ilegalidad; hay que exigir que se venga a través de la embajada correspondiente, con visado cuando sea necesario. Cuando no lo hay, los inmigrantes se hacen pasar por turistas y a los tres meses ya se pueden quedar, porque nadie los va a expulsar. En los CIE sólo están personas que han delinquido. Tenemos un sistema hecho para no expulsar a nadie», sostienen los expertos. «Hablamos sólo desde un punto de vista técnico; no se puede beneficiar a aquellos que no cumplan la ley, porque el mensaje es devastador», añaden.

Con su decisión, el Ejecutivo traslada a los candidatos a la inmigración ilegal la idea de que en España uno puede regularizar su situación de forma muy sencilla. «No te echan, el acceso al asilo, o a su proceso de tramitación es casi automático, lo que evita la expulsión del solicitante, y además las regulaciones masivas son periódicas. No sólo eso; el nuestro es el único país de la UE que no ha endurecido su discurso sobre inmigración irregular, lo que también es muy tenido por las personas que quieren llegar a Europa», alertan.

«No sólo va a haber un efecto llamada en los países emisores —pronostican los expertos consultados por ABC—; es que también los que estén en situación ilegal en otros países europeos vendrán aquí para aprovecharse de las facilidades que se van a dar. Aunque sea de forma irregular, intentarán conseguir alguno de los documentos necesarios, y les va a ser relativamente sencillo conseguir falsificaciones».

También habrá efectos en la seguridad ciudadana, porque sólo se negará la autorización a los que tengan antecedentes penales, «pero muchos los tienen sólo policiales»

Las fuentes consultadas por ABC explican además que no es cierto que vaya a regularizarse sólo medio millón de personas, porque cuando obtengan su residencia, como es lógico, van a pedir el reagrupamiento familiar: «Por supuesto, de su pareja, pero también de sus hijos y muchas veces de sus padres, así que un cálculo de cuatro por cada nuevo regularizado es incluso, conservador».

Además del efecto llamada, la segunda cuestión que preocupa, no ya a los expertos consultados sino al conjunto de la sociedad española, es si la regularización va a tener efectos sobre la seguridad ciudadana. Fuentes policiales consideran que sí, ya que sólo se negará la regularización a quienes cuenten con antecedentes penales.

«El problema —explican— es que hay muchos que tienen antecedentes policiales, no judiciales, porque su caso no ha llegado a juicio. Por ejemplo, jóvenes que perpetran pequeños robos o una pequeña banda que asalta unas pocas viviendas. Tal como está planteada la medida, esta gente que se dedica a la pequeña delincuencia sí podría obtener su tarjeta de residencia, lo que es un disparate». Y no podemos olvidar que la actuación de estos delincuentes provoca en sectores de la sociedad un profundo rechazo a los inmigrantes, lo que sin duda es otro factor de riesgo.

Condenados a la marginalidad.
Además, consideran que será complicado facilitar a todas las personas regularizadas trabajo, el acceso a una vivienda, atención sanitaria, educación para sus hijos, todos ellos servicios públicos ya muy tensionados. Cuando se carece de estas cosas se acaba en la marginalidad, y el aumento de ella es el primer factor que empuja a la delincuencia. «No se pueden hacer estos procesos así, es una locura; hay otras maneras más seguras para todos», dicen los expertos, que advierten. «Estas cosas lo único que hacen es alimentar los discursos radicales«».

Los sindicatos policiales mayoritarios también se han mostrado muy críticos con la medida del Gobierno. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), en un comunicado, asegura que «la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno se plantea sin refuerzo de plantillas ni garantías operativas, trasladando toda la carga a la Policía Nacional y agravando la presión en fronteras y servicios ya saturados».

«A día de hoy —añade el SUP—, no existe explicación alguna sobre quién verificará identidades, cómo se comprobarán antecedentes reales ni cómo se va a absorber una carga de trabajo que puede afectar a más de un millón de personas, en un cuerpo policial ya saturado». Y avisa: «No tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales. Hay personas investigadas, identificadas o vinculadas a hechos delictivos que no han sido condenadas».

Por su parte, Jupol, en otra nota de prensa, se manifiesta en términos similares. «Asumir de golpe cientos de miles de expedientes adicionales implicará retrasos, acumulación de trámites, menor capacidad de control y una merma evidente en otras funciones esenciales, como la investigación de redes de inmigración ilegal, la lucha contra la trata de seres humanos o el control documental», afirma. «Además —añade—, desde un punto de vista estrictamente policial, preocupa especialmente el criterio basado casi exclusivamente en la carencia de antecedentes penales firmes».