El Gobierno de Canarias espera poner fin a la emergencia migratoria declarada en las islas en agosto de 2023 a partir de marzo, justo cuando se acaba el plazo para que unos 2.000 menores migrantes no acompañados estén ya residiendo en otras comunidades. Así lo explicó este martes la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, que inauguró unas jornadas formativas sobre personas desaparecidas.

La responsable de Infancia afirmó que las entidades saben que «de no producirse un repunte la intención de esta dirección general es reducir al máximo la ocupación de los centros». Y recordó que precisamente la declaración de emergencia migratoria el pasado 1 de agosto de 2023 fue lo que permitió «incrementar la ocupación de los recursos que han estado muchos de ellos sobreocupados». Ahora la intención, afirmó, «es que los recursos bajen a no más allá de 30 plazas para poder atender más correctamente a todos y cada uno de los menores».

La directora de Infancia recordó que se han cerrado ya cinco centros y están próximos a cerrar un sexto «porque en la medida en la que se está produciendo el traslado de menores por protección internacional o contingencia se reduce la presión. Además, muchos cumplen la mayoría de edad y continúan hacia otras comunidades o a recursos para extutelados y eso esta permitiendo reorganizar los centros y que los chicos estén en condiciones más adecuadas». Y reiteró que espera que a partir del 19 de marzo los centros no alberguen a más de 40 o 50 menores.

Rodríguez respondía también a una a denuncia contra ella del director del centro de menores Fincaventura, ubicado en Teror y gestionado por la Fundación Canaria Cepsocial, Adrián Díaz, por ir «en contra de los derechos de los menores» y trabajar «con el único fin de cumplir con objetivos políticos» asegurando que quien denuncia «no conoce la realidad de Canarias». «Se ha aprobado un real decreto que nos está dando la posibilidad de bajar la presión en todos y cada uno de nuestros recursos con independencia de cual sea la entidad», aseguró Rodríguez. A su juicio, lo que «esta claro es que un criterio objetivo o técnico no es el interés de una entidad, de ninguna de las once entidades con las que trabajamos», añadió.

Díaz denuncia que mientras que en su centros quedan plazas, la dirección no les envía a menores y los deja en otros recursos con mayor ocupación. También critica que se obligue a los menores migrantes solos a trasladarse a la península en contra de su voluntad. Sandra Rodríguez afirmó que 15 «con billete comprado» decidieron a última hora no viajar y no lo hicieron.

Sandra Rodríguez insistió en que «en todo momento» Canarias ha estado denunciando que necesitaba distribuir a los menores en otras comunidades porque los centros de las islas estaban hacinados. «Canarias necesitaba bajar la presión porque estaba asumiendo sola, y prácticamente seguimos solas» porque las comunidades aducen que no tienen plazas.

Por otro lado, este martes el la vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, exigió al Gobierno de Canarias «transparencia total» en los datos sobre las y los menores extranjeros no acompañados y ha reclamado que «explique con precisión» las actuaciones que son de su competencia autonómica en los procesos de traslado y reubicación.

Máñez anunció en un comunicado que el PSOE solicitará que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, certifique oficialmente cuántos traslados efectivos se han producido y cuántas resoluciones definitivas de traslado ha comunicado la Delegación del Gobierno. En este sentido, la dirigente socialista defiende que el Gobierno de España «ha cumplido, ha sido ágil y diligente» en la resolución de los expedientes de los menores con asilo, se han resuelto ya 693 expedientes y se ha procedido a la reubicación de 567 en el Sistema de Acogida de Protección Internacional: 436 en la península y 131 en Canarias. Por el contrario, 126 finalmente resultaron ser mayores de edad.

El Gobierno cifra en 301 los menores migrantes «desaparecidos», pero sospecha que eran mayores

El Gobierno de Canarias cifra en 301 los menores migrantes que tutelaba y que se dan por «desaparecidos». Sin embargo, sospecha que la mayoría se fugan poco antes de cumplir la mayoría de edad o siendo ya mayores antes de que culmine el procedimiento de determinación de edad. Así lo explicó este martes la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, que inauguró unas jornadas formativas sobre personas desaparecidas en la capital grancanaria que hoy se llevan a cabo en Tenerife. Rodríguez dijo también que con respecto a los menores nacionales, también tutelados, hay unas 700 denuncia activas, pero no son desapariciones, en muchos casos son reincidentes y «están con sus familias». «Una cosa es la fuga y otra la desaparición de menores migrantes. De estas últimas tenemos 301 denuncias. Son chicos que han sido recepcionados como menores pero durante algún momento del proceso de determinación de la edad proceden a fugarse o ausentarse y desaparecen del centro. El resto son ausencias que se pueden ir reiterando. Una fuga de fin de semana y el chico aparece el lunes. Hay denuncias incluso tiene que estar a las 10.00 en el centro y entonces de inmediato se denuncia porque es el protocolo y, por tanto, son denuncias de dos horas». Rodríguez dijo que habían pedido a la Policía Nacional que les facilitaran los datos de niños nacionales que estando con sus familias se producen situaciones de ausencia o fuga puntual de fin de semana porque eso puede ser un síntoma de vulnerabilidad. A Infancia le preocupan especialmente el caso de las chicas. «Esas desapariciones son muy preocupantes», dijo y recordó el caso denunciado en Lanzarote que ha acabado con la detección de unas docena de personas «implicadas en el traslado irregular de menores hacia Francia» y que se investiga como una posible red de trata. «Desde la dirección general se denunció de la mano del Cabildo y se trabajó estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», dijo Rodríguez. También citó los casos en la isla de Gran Canaria y, de hecho, anunció que uno de los centros de menores detectado como vulnerables va a cambiar de lugar. Rodríguez dijo que se había trabajado «de la mano con el Cabildo de Gran Canaria» y se va a proceder al traslado de esos centros para que «las menores queden a salvo y que nos e aprovechen de sus vulnerabilidades».