Podemos se abre ahora a renegociar con el PSOE el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, una iniciativa que los morados siguen tachando de «racista» y ya tumbaron en el Congreso en septiembre del año pasado junto a los votos de PP y Vox. Ahora, tras meses de negociación, los de Ione Belarra, se arrogan haber «arrancado» a los socialistas el real decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros con el objetivo de regularizar a unos 500.000 inmigrantes que ya se encuentran en España, pero al mismo tiempo reconoce que allana el camino para que los suyos se vuelvan a sentar en la mesa con los socialistas.

También lo ha reconocido la candidata de Podemos a las geenrales y eurodiputada, Irene Montero, que ha señalado que «hay algo a cambio» al acuerdo entre su formación y el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes. Ha descartado que la moneda de cambio sea el apoyo al aumento del gasto en defensa o a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sobre los cuales ha señalado que si no se bajan los alquileres por ley y si no se deja de invertir en armas, «no puede contar con Podemos», ha dicho en una entrevista en la Ser.

Belarra, en rueda de prensa en el Congreso, también ha desligado esta contrapartida de un posible acercamiento al Gobierno en este tramo de la legislatura en el que Podemos se había alineado como «fuerza oposición». Tampoco señala a los PGE como un camino que se haya allanado tras este real decreto.

De hecho, la líder de Podemos liga esta medida a la «lucha» de las organizaciones proregularización que ya lograron reunir 700.000 firmas en una iniciativa legislativa popular que llevaba meses varada en el Congreso. Eso sí, la exministra de Derechos Sociales mantiene la discreción sobre las conversaciones con el PSOE que, según señala, «han durado meses».

Belarra ha explicado que se trata de personas que «ya están en España, que están trabajando sin derechos y que son las que sostienen muchos sectores que se están haciendo de oro a costa de la explotación de la gente». «Tener a la gente sin papeles es la esclavitud del siglo XXI, es el mecanismo que ha encontrado el capitalismo para poder explotar a unas personas que vienen a este país buscando una vida mejor», ha criticado.

Problemas burocráticos
La secretaria general de la formación morada ha avisado de que van a estar «muy vigilantes para que sea una regularización ágil y donde la burocracia, donde toda la violencia institucional que se despliega a través de la burocracia, no sea un problema para que personas que tienen derecho a acceder a esta regularización puedan hacerlo».

En este punto, ha señalado que esperan que «entre 500.000 y 800.000 personas» que se calcula que están en situación administrativa irregular en España «puedan acceder a esta regularización extraordinaria y que puedan acreditar por cualquier medio válido en derecho su residencia de cinco meses» en España.