Casi desde el minuto siguiente a que se conocieran los resultados de las elecciones, la legislatura pasó a ser para el Gobierno un cubo de Rubik, un puzle casi imposible donde encajaban una pieza, pero saltaba otra. Hasta ahora. Después de estar más de dos años haciendo encajes mientras evitaba que el trabajo hecho no se le cayera de la mesa, creen ver que el puzle cobra sentido. Que «las piezas van encajando», explican fuentes del Gobierno. Hay optimismo dentro del Ejecutivo con el hecho de que el pacto con Podemos para regularizar a medio millón de migrantes en situación irregular abra una oportunidad para retomar el diálogo con Junts e, incluso, poder aprobar el traspaso de las competencias de inmigración para Cataluña. «Sí, lo facilita», exponen tajantes fuentes del Ejecutivo. Que también creen que puede ser un «buen paso» en la utopía de los Presupuestos. «Nosotros los vamos a presentar», insisten.

«Esto es un puzle y las piezas parece que van encajando», es la metáfora con la que describen en el Ejecutivo la situación actual. La mayoría que sustenta a Sánchez ahondó sus grietas por los casos de corrupción y de acoso sexual que cercaron a finales del año pasado al PSOE y al Gobierno. Como un jarrón roto, La Moncloa ha cogido el pegamento de las cesiones para volver a reconstruirlo, una a una. Siempre la misma metodología: gesto al socio en forma de cesión y protagonismo a los partidos para que sea quien lo anuncia y así puedan capitalizarlo.

Cogió la pieza de EH Bildu y la pegó entregándoles la prórroga de la prohibición de desahucios para familias vulnerables en 2026. Luego fue la pieza de ERC con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, contemplando la ordinalidad sólo para Cataluña, entre otras cuestiones. Al PNV, una pieza que siempre guardan a buen recaudo, concediéndoles 12 transferencias en este legislatura y con el compromiso de Sánchez ante el lehendakariImanol Pradales de que antes de Semana Sana haya un «acuerdo político» para el traspaso de las competencias de los aeropuertos. «No es sencillo», admiten en el Gobierno.

Y Podemos, que era una pieza perdida por el salón de la gobernabilidad desde hace tiempo, se incorpora el jarrón con una regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes.

Pero sigue faltando un pedazo para que el puzle esté completo, para que el jarrón vuelva a su ser: Junts. Los independentistas catalanes volvieron a marcar distancia ayer votando con PP y Vox para tumbar el decreto social ómnibus del Gobierno que, entre otras medias, incluía la revolorización de las pensiones. Precisamente la prórroga de los desahucios por impagos del alquiler es lo que genera el voto en contra de Junts, además del PP y Vox. Pero en esa oscuridad que oficialmente trasladan desde Moncloa y desde Junts, hay un rayo de luz. Y es Podemos, por increíble que parezca.

Los morados, muy distanciados del Ejecutivo desde hace tiempo, volvieron al redil de la mayoría con un pacto que no es otra cosa que un gesto de La Moncloa. El real decreto con el que se va a proceder a la regularización exprés no precisa del aval del Congreso y, por tanto, no precisaba ser acordado con ninguna formación. Bastaba la mera iniciativa del Ejecutivo. Pero Sánchez quiso ir de la mano de Podemos en una cuestión, además, que es una reivindicación de otras formaciones como Sumar, su socio de coalición. El acuerdo es una miga en el camino para recomponer el puzle, el jarrón.

Dos líderes beligerantes con el Gobierno como Ione Belarra e Irene Montero ejercieron en las últimas horas como portavoces e, incluso, intermediarias del Ejecutivo con Junts, con mensajes cifrados a descodificar por los independentistas catalanes. Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, prendió el haz de luz del optimismo en el Ejecutivo al señalar que su pacto con los socialistas encerraba «algo a cambio». No dio más pista, pero la reflexión ya lo era en sí. Los morados fueron quienes provocaron que decayera en el Congreso el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, al calificar el texto pactado entre Sánchez y Puigdemont como «racista».

Las dos líderes de Podemos mostraron ayer, en cambio, su disposición a negociar la delegación de competencias de inmigración a Cataluña si se modifica el texto, concretamente el preámbulo, donde censuran que hay esas expresiones racistas. «Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista»; «Siempre hemos estado abiertas a esa delegación de competencias, pero sin racismo».

La delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con Puigdemont. Es un guión en la lista de asuntos pendientes que los independentistas reprochan a Sánchez para no votar sus medidas. «Este Gobierno cumple sus acuerdos», insisten en La Moncloa.

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«Estamos generando espacios de confianza y diálogo para que las distintas fuerzas alcancen acuerdos». Ese espacio podría generarse cediendo ante una formación como Podemos para que ésta a su vez ceda con otra como Junts. Una cadena de favores, donde el Gobierno es el que siempre transige, y cuyo fin es mantener el Gobierno.

Y aprovechando ese escenario, Pradales en su visita a La Moncloa pidió al presidente del Gobierno más competencias en materia de inmigración, siguiendo la estela de Cataluña, y que la Ertzaintza participe en los procesos de expulsión de inmigrantes. «No tenemos herramientas para gestionar el fenómeno migratorio».