El Consejo de Ministros aprobó este martes el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a más de medio millón de extranjeros que ya se encuentran en España de forma irregular, lo que afectará no sólo a sus derechos sino que también tendrá un importante impacto económico en el país.

El efecto inmediato de esta medida será el afloramiento de economía sumergida, ya que muchas de esas personas de nacionalidad extranjera están ya trabajando pero lo hacen sin declarar, en negro, dado que no tienen los papeles en regla para poder hacerles un contrato de trabajo. Al regularizar su situación, podrán pasar a ser contratados en ese mismo puesto u otro oficialmente. Esto supone que pasarán a pagar cotizaciones sociales y a tributar en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

Para la Seguridad Social la medida será positiva a corto plazo, ya que se reforzarán los ingresos en un momento de creciente presión del gasto por el pago de las pensiones del babyboom, aunque a largo plazo implicará también nuevos compromisos de gasto, ya que generarán derechos al cobro de pensiones y otras prestaciones.

En conjunto, la medida se traducirá en un incremento de los ingresos públicos. Es cierto que la regularización podría conllevar también un aumento del gasto público, al asumir que hay servicios públicos o transferencias de rentas de los que no se han podido beneficiar íntegramente hasta la fecha dada su situación, pero en principio los dos efectos agregados implicarán una mejora de los ingresos para las arcas públicas en términos netos.

En cuanto al empleo, la medida tendrá impacto en los registros de afiliación a la Seguridad Social, ya que al aflorar relaciones laborales que estaban en la economía sumergida se incrementará el número de afiliados dados de alta. Sin embargo, en términos de tasa de paro o volumen total de ocupación, se espera un impacto nulo. El Instituto Nacional de Estadística es el que mide estos valores mediante la Encuesta de Población Activa y en esta última los encuestados responden si están trabajando o no sin entrar en detalles sobre si lo hacen de forma legal o en b, de ahí que un cambio en su situación en principio no debería alterar los indicadores.

Los salarios, por su parte, podrían experimentar una moderación en los sectores en los que trabajan de forma mayoritariamente los extranjeros, ya que aumentará la oferta de trabajadores que optan a puestos regulares mientras la demanda mantendrá su ritmo de crecimiento habitual. Al haber más trabajadores disponibles de repente, la ley de la oferta y la demanda empujará a la baja los sueldos.

De hecho, la medida podría aliviar el problema de vacantes y falta de mano de obra que existe en algunos sectores. La patronal de la Hostelería ha celebrado la medida, aunque ha pedido que vaya acompañada de “programas de formación”; algo en lo que coinciden las patronales del campo. El presidente de Asaja Cataluña, Pere Roque, ha señalado a Efe que “en este momento, tener profesionalidad y personas que puedan trabajar en el campo es una necesidad”, aunque ha reconocido que la regularización debe ir acompañada de más “servicios” y de “formación”. “Es una demanda desde hace mucho tiempo de esta organización agraria, sobre todo ante la falta de mano de obra que en ocasiones tenemos en el campo”, apuntó, por su parte, Andrés Góngora, de COAG.

La regularización podría servir para que se produzca un trasvase de empleados de sectores en los que predomina la economía sumergida como el empleo doméstico a otros de la economía formal como la hostelería. El poder acceder con más facilidad a puestos de trabajo, además, podría incentivar que los extrajeros regularizados se trasladaran a las zonas más dinámicas del país, en las que hay más oportunidades laborales, lo que a su vez podría suponer un nuevo elemento de tensión para el mercado de la vivienda ya caracterizado por mucha más demanda que oferta y, por tanto, por precios disparados.