“La regularización beneficiará a todas aquellas personas que acrediten […] carecer de antecedentes penales relevantes”. Ese fue uno de los requisitos que introdujo Podemos cuando avanzó su acuerdo con el Gobierno para dar papeles a más de medio millón de inmigrantes. Un matiz en el que ayer ahondó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al explicar que en aquellos casos en los que los inmigrantes no sean capaces de demostrar con un certificado la ausencia de antecedentes penales, bastará con una declaración responsable de la propia persona.

El Gobierno, por su parte, no se pronunció sobre estas declaraciones, y las fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tampoco profundizaron más al respecto. Convendría esclarecer esta cuestión, en especial tras las alertas de los sindicatos policiales, que subrayaron las diferencias entre los antecedentes penales y los antecedentes policiales que implican la vinculación a determinados hechos que están siendo investigados.

A falta de conocer el Real Decreto Ley con el que el Ejecutivo modificará el Reglamento de Extranjería para tramitar esta regularización, todavía quedan algunas incógnitas por despejar. Podemos se ha arrogado un papel predominante y, en su defecto, la asociación impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), Regularización Ya!, puntualizó las restantes lagunas.

Entre ellas, en una rueda de prensa en el Congreso, la plataforma explicó que los solicitantes de asilo cuya solicitud aún no ha sido resuelta no tendrían que renunciar a este proceso. El Ejecutivo, que sí puntualizó que la medida también beneficiaría a los solicitantes de protección internacional, tampoco se pronunció al respecto.

“Medida improvisada”
El anuncio sobrevenido de esta medida es “muy revelador”, apunta la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar. En primer lugar porque la estimación de 500.000 beneficiarios “es la cifra de la ILP que ellos estimaron en 2022”. En efecto, el estudio del think tank revela que, a 1 de enero de 2025, había en España más de 840.000 personas en situación administrativa irregular. “No han actualizado la cifra y da la sensación de que es una medida improvisada sin el rigor técnico necesario que se necesita para hacer esto”.

Esta medida, apunta el sociólogo y científico del CSIC Luis Miller, que no sigue “la línea que venía siguendo el Gobierno”. De un tiempo a esta parte, y en especial a través de la reforma del Reglamento de Extranjería entrada en vigor el pasado 20 de mayo, el Ejecutivo estaba “probando otras fórmulas, especialmente a través del arraigo”.

En este sentido, Miyar señala que la regulación por arraigo “se diseñó para evitar las regularizaciones extraordinarias”. Que el Gobierno apruebe ahora una medida de esta índole “pone en evidencia” que la fórmula es “insuficiente”, que nuestro modelo migratorio “no tiene planificación” y que “no somos capaces de gestionar los flujos migratorios”.

El autodenominado Gobierno del progreso se escudó ayer en que “las regularizaciones extraordinarias son una práctica consolidada de la gestión migratoria”. Sin embargo, el sociólgo acusa una vuelta “a la política migratoria de los años 90, o más bien a su ausencia”. “Lo ideal sería poder gestionar de forma racional esos flujos de inmigración”, señala.

De momento, el primer reto que deberá abordar el Gobierno será emprender la tramitación de estas solicitudes. “Es muy difícil calcular el número de las que se presentarán”, avanza Miyar. Sin embargo, el atasco acumulado en las oficinas de Extranjería para la regularización por la vía ordinaria una de las causas que han podido empujar a estas personas a la irregularidad hace que parezca “poco verosímil que se pueda gestionar” la regularización extraordinaria con agilidad, como se ha comprometido el Ejecutivo.

Sin embargo, la ministra encargada del ramo, Elma Saiz, indicó ayer que el Gobierno tenía pensado dedicar otros recursos para reforzar las oficinas que deberán hacerse cargo de este proceso. De nuevo, en sus explicaciones no detalló si el Real Decreto iría acompañado de una memoria económica para ello. Habrá que esperar al texto.