Como al mejor mono se le cae una banana, hay que entender el pequeño error de concepto de Irene Montero, eximia jurista y fina constitucionalista, que, dicho sea de paso, no es secretaria general de Naciones Unidas porque es sabido, ahí está el festival de Eurovisión para probarlo, que a los españoles nos tienen cochina envidia esos luteranos anglosajones que Dios confunda, cuando afirma que no es preciso pasar la regularización extraordinaria de inmigrantes por el filtro del Congreso porque «los derechos no se discuten», como si una decisión gubernamental que se pasa por el arco de triunfo la normativa establecida por una ley orgánica fuera una cuestión de derechos y no un problema de orden jurídico que roza la linde de lo constitucional. La única ventaja que podemos sacar de este engendro es la constatación de que nuestras Belarras, batidas a fondo en las últimas contiendas electorales, han tomado conciencia de su minoría ideológica entre los españoles y renuncian a cualquier prueba de contraste democrática. Entra, por supuesto, en la más pura ortodoxia marxista, pero es contrario a los usos de una democracia digna de ese nombre. Que el señorito se avenga a ello no es más que la demostración de que está con el agua al cuello y ya no le quedan conejos en la chistera. En principio, regularizar a medio millón de inmigrantes sin papeles no tiene por qué ser una mala idea. Muchos de los beneficiarios dejarán de vivir angustiados y aportarán su granito de arena fiscal al conjunto de la sociedad. Y digo «granito», porque con los sueldos de miseria que les pagamos, con el precio de los alquileres y el atraco de la inflación en la cesta de la compra, la mayoría tendrá que recurrir a la asistencia pública para ir tirando, por lo menos, mientras consiguen salir adelante, que saldrán. Es decir, que las Belarras tenían un caso perfectamente defendible en el Congreso sin necesidad de ponerse por montera la ley de Extranjería y podían haber pactado con la oposición conservadora del PP, que también llevó a cabo regularizaciones extraordinarias cuando gobernaba y que entiende las dinámicas migratorias desde su propia gestión de la mayoría de las comunidades autónomas. Ahora bien, sin acuerdo, por las bravas y sin establecer cautelas para amortiguar el inevitable efecto llamada, nadie en su sano juicio respaldaría una medida tan arbitraria y, presumiblemente, poco eficaz. Comenzando por la cifra de regularizaciones, medio millón, cuando los estudios más solventes, los de FUNCAS, sitúan en más de 840.000 los casos de extranjeros que hoy en día viven en España sin papeles –la mayoría, unos 700.000 de origen suramericano, con colombianos, peruanos y hondureños a la cabeza–. Además, la gestión de la inmigración es más compleja de lo que alcanza la demagogia básica de las Belarras. Baste con señalar la estulticia de una izquierda que, ante el fuerte aumento de población en los últimos diez años, con dos millones más de habitantes, la mayoría extranjeros, fue incapaz de hacer frente al problema subsiguiente de escasez de viviendas, como si los inmigrantes vinieran con un piso o una habitación debajo del brazo. Sí, la estulticia de un Gobierno, con Fernando Grande – Marlaska en el papel estelar, que tolera el deterioro paulatino de las Fuerzas de Seguridad del Estado y despoja de autoridad a sus agentes. Porque no todo es bondad en este asunto. En tres de los cuatro primeros homicidios registrados en Madrid este año, hay forasteros implicados, como víctimas o victimarios.