Más de 20.000 personas extranjeras en situación irregular en Euskadi podrán beneficiarse a partir de abril de la nueva regularización del Gobierno central. Según … los datos más recientes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, el número de inmigrantes en situación irregular ascendía en 2023 a 19.388 personas, aunque la cifra actualizada podría ser superior debido al crecimiento sostenido de la población extranjera en estos dos últimos años. Solo entre 2024 y 2025, Euskadi registró un incremento de 21.040 personas de origen extranjero, lo que elevó el total de residentes nacidos fuera de España a 316.942 personas, el 14,1% del conjunto de la población vasca.

Entre quienes viven sin regularizar su situación en Euskadi, la principal área de procedencia es la agrupada bajo la categoría de ‘resto de América Latina’ (17,3%), seguida por Colombia, Ecuador y Perú (13,3%). En tercera posición se sitúan los inmigrantes procedentes de Paraguay (9,7%).

La radiografía del fenómeno revela, además, un dato estructural. Más de la mitad de la población inmigrante adulta de Euskadi (51,6%) ha vivido alguna vez en situación irregular. De ellos, un 17% lo hizo por menos de dos años, un 23,7% entre dos y tres, y un 10,9% durante más de tres años. Estas cifras suponen un repunte respecto al 43,6% registrado en 2018, lo que evidencia la persistencia de trayectorias de precariedad administrativa, sobre todo entre determinados grupos nacionales.

El informe elaborado en 2024 con datos de 2023 también sostiene que la irregularidad prolongada, de más de tres años, alcanza sus mayores proporciones entre las comunidades de Paraguay (21,7%), Senegal (24,5%), el conjunto del resto de África (26,3%) y el propio grupo del resto de América Latina (17,3%). Las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno subrayan que estas personas encadenan largos periodos de espera hasta poder acceder a una autorización de residencia o trabajo, algo que ahora podría resolverse con la nueva norma del Ejecutivo central.

El efecto de la regularización en Euskadi será, además de social, claramente económico. La incorporación al sistema de más de 20.000 nuevos trabajadores potenciales permitirá reforzar el mercado laboral vasco, en un momento en el que las empresas alertan de la falta de mano de obra en determinados sectores, especialmente la construcción, la hostelería, los cuidados, la logística y algunas ramas industriales.

A finales de 2025, los trabajadores extranjeros representaban ya el 10,14% de los afiliados a la Seguridad Social en Gipuzkoa, el 9,81% en Bizkaia y el 10,7% en Araba, con un promedio autonómico del 10,07%. Son porcentajes inéditos en Euskadi, donde el número de cotizantes foráneos ha alcanzado los 104.372, tras crecer en 6.725 personas en solo un año.

Con la entrada en vigor del nuevo marco normativo, estas cifras podrían experimentar un salto significativo. El propio Ejecutivo central estima que el aumento de cotizantes en todo el país reforzará el sistema público de pensiones y reducirá la economía sumergida, al tiempo que aportará seguridad jurídica a las empresas y protección laboral a los trabajadores.

María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, compareció ayer en Vitoria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo Pradales, y precisó que «es necesario conocer cuáles van a ser las condiciones y la letra pequeña del decreto para, entre otros aspectos, conocer las condiciones y el número de personas a las que podría afectar la regularización». En todo caso, consideró que, «para la integración, el mercado laboral es una oportunidad excelente».

La norma, en fase de implementación, establece que podrán acogerse a la regularización las personas que hayan presentado una solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o que acrediten una permanencia mínima de cinco meses en España antes de esa fecha. La acreditación podrá realizarse mediante documentos públicos o privados, siempre que demuestren arraigo.

Los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia con permiso de trabajo por un año, válida para cualquier sector y con efectos inmediatos para poder empezar a trabajar desde el momento en que se admite a trámite su solicitud, un proceso que no podrá superar los 15 días hábiles.

Transcurrido el año inicial, deberán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, siempre y cuando mantengan los requisitos de actividad laboral o medios de vida. Además, el Gobierno ha incluido la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya residan en España, con permisos de cinco años de vigencia para proteger la unidad familiar.

El cambio normativo abre una oportunidad inédita para la integración social y económica de miles de familias que llevan años asentadas en Euskadi. Las diputaciones y el Gobierno Vasco seguirán de cerca el desarrollo del proceso, aunque las competencias de resolución y tramitación dependerán de la Administración central.

Si los cálculos se cumplen, más de 20.000 extranjeros en situación irregular en Euskadi podrían dar el paso definitivo hacia su plena integración legal y laboral en los próximos meses.

Más de la mitad de la población extranjera adulta de Euskadi ha vivido alguna vez en situación irregular