La regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes tendrá un efecto directo en la economía española. La integración de medio millón de trabajadores … que hasta ahora se encontraban en una situación irregular provocará un aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social y contribuirá al sostenimiento del sistema de pensiones. Todo, en un contexto en el que desde el sector privado las empresas están alertando de la escasez de mano de obra.

El Ejecutivo defiende que la medida beneficia al conjunto de la sociedad, porque los trabajadores ganan derechos y protección, las empresas ganan en seguridad jurídica y se reduce la economía sumergida y la explotación laboral. En la actualidad, la población inmigrante contribuye a la fuerza laboral por cuenta ajena y entre el colectivo de autónomos: el 80% de las nuevas altas en el RETA en 2025 fueron trabajadores extranjeros. Desde la reforma laboral de 2021 hay 800.000 afiliados extranjeros más y casi un millón desde antes de la pandemia.

El Gobierno otorgará la residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería. Como ahora, se permite la regularización simultánea de hijos menores que ya se encuentran en España para proteger la unidad familiar y, en este caso, su vigencia será de 5 años.

La medida se dirige, por un lado, a personas solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025; y, por otro lado, a inmigrantes que lleven un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero, con la mera admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá en un máximo de 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día, indican desde el Ministerio.

Para acceder a este proceso será necesario no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. La permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. Es decir, serán válidos informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o facturas de suministros como luz, agua o teléfono.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la regularización pactada en forma de decreto que incluirá una reforma del Reglamento de Extranjería existente. Una fórmula que agiliza su entrada en vigor, ya que, al ser una modificación reglamentaria, permitirá sortear el aval del Congreso tras el pacto entre Podemos y el PSOE.

El Gobierno espera que las solicitudes se puedan empezar a presentar a principios de abril, una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del Real Decreto, y estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

La presentación de la solicitud implicará la suspensión de los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. La admisión a trámite de la petición, que es el siguiente paso, implicará automáticamente una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria..

Para llevar a cabo el trámite para acceder a la regularización se habilitarán espacios como subdelegaciones de Gobierno, delegaciones de Gobierno, oficinas de la Seguridad Social. Además, el proceso podrá iniciarse por la vía telemática.

Esta es la séptima regularización que se ha llevado a cabo en España. Dos impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005).